A partir de enero de 2012 para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) serán necesarios al menos tres años de empadronamiento o cinco años de cotización a la seguridad Social. Los preceptores de las ayudas serán revisados cada seis meses, se les podrá exigir que mientras cobran ayudas deban realizar servicios sociales y se les retirarán la prestación si rechazan un empleo.
En 2010 el Gobierno vasco hubo de hacer frente a un gasto de 390 millones para hacer frente a este grupo de ayudas sociales. El presupuesto inicial para 2011 se fijó en 342 millones, pero tras las ampliaciones de crédito el gasto final se volverá a aproximar a los 390 millones.
La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, aseguró ayer que el objetivo de la reforma no es 'ahorrar' sino evitar que haya quien 'se aproveche del sistema'. Insistió en que '"la solidaridad de los vascos es enorme, pero no puede ser ilimitada', por lo que hay que hacer que el sistema que regula estas prestaciones 'sea sostenible'.
La modificación legislativa fue acordada ayer por el PSE y el PP en el seno de la comisión parlamentaria, por lo que esperan que la reforma pueda estar aprobada antes de que finalice el año y entrar en vigor en enero de 2012.
Hasta ahora para ser perceptor de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), Ayudas de Emergencia Social (AES) o Prestación Complementaria de Vivienda (CV) era suficiente con acreditar tan sólo un año de residencia en un municipio vasco. En la actualidad se benefician de éstas ayudas más de 55.000 personas.
Las ayudas sociales en el País Vasco son reclamables por ley, es decir que las Administraciones tiene la obligación de abonarlas independientemente de que se agote el presupuesto. La RGI oscila entre los entre 650 y 923 euros al mes, en función del número de personas de la unidad familiar.
A las diferentes ayudas públicas no sólo pueden acceder los ciudadanos en desempleo que no cobran prestación, sino que también pueden complementar pensiones muy bajas o situaciones de trabajadores en activo que ingresan por debajo de las ayudas sociales. La ayuda principal es la Renta de Garantía de Ingresos prestación periódica a la que pueden acceder personas mayores de 23 años con un año de empadronamiento.
Mayor control y vigilancia de los perceptores
Además de los requisitos para acceder a las ayudas, la Administración ejercerá un mayor control sobre sus preceptores, después de que en el último año las comprobaciones de Ayuntamientos, Diputaciones y Gobierno vasco hayan detectado algunas irregularidades en algunos colectivos de beneficiarios.
Los beneficiarios de la RGI perderán la prestación si rechazan un empleo, ya que la tramitación de las ayudas se canaliza a través del servicio vasco de empleo Lanbide. Hasta ahora se estipulaba la retirada de la prestación cuando se rechazaban tres empleos.
Además, los perceptores de la RGI deberán estar disponibles para desempeñar trabajos al servicio de la comunidad con carácter extraordinario, sin que éstas labores puedan suponer la sustitución de puestos de trabajo.
Igualmente, la Administración intensificará el seguimiento de las ayudas, ya que revisará semestralmente la situación de sus beneficiarios.
