Las autoridades vascas se centran ahora en tratar de neutralizar la multa millonaria que se avecina por no haber procedido a recuperar todas las ayudas según reclama la Comisión Europea.
La Sala Tercera de la Corte de Luxemburgo falló ayer, sin opción a nuevos recursos, que los polémicos incentivos fiscales vascos de los años noventa fueron ilegales y las cantidades disfrutadas por las empresas en forma de menor tributación han de ser pagadas y con intereses de demora al fisco.
Tras este esperado varapalo, las autoridades vascas se centran ahora en activar la vía política que permita para el contador de la multa diaria que exige Bruselas, que hasta ahora lleva acumulados unos 40 millones y que a partir de las presentes sentencias pondrá a funcionar un contador de 236.000 euros por día hasta que la Comisión estime que se han recuperado "todas" las ayudas. Esta multa por ahora no es efectiva, la ha aprobado la Comisión pero ha de ser la Corte de Luxemburgo quien falle de nuevo para que sean de aplicación.
Desde el País Vasco se ha tomado conciencia de que más vale buscar una salida negociada que evite daños mayores y que hipoteque a las Haciendas vascas.
Las sentencias de ayer entran en el fondo del asunto del Crédito Fiscal del 45 por ciento para inversiones superiores a los 15 millones de euros; y de las llamadas "Minivacaciones" fiscales, que eran la reducción imposible del Impuesto sobre Sociedades durante cuatro años para las empresas de nueva creación que cumpliesen unas determinadas características. A estos dos fallos, hay que unir el difundido el pasado 9 de junio sobre las denominadas "vacaciones fiscales", que supusieron al exención total en Sociedades para determinadas empresas de nueva creación.
En todas éstas sentencia se califican de ilegales dichas ayudas fiscales por ser selectivas y no universales; su aprobación normativa y su aplicación no fueron comunidades previamente a la Comisión Europea; la Comisión Europea en ningún momento comunicó oficialmente que las ratificaba y que la inacción de la Comisión entre 1996 y 2000 no suponía un beneplácito de facto a dichos incentivos.
En estos recursos actuaban como impulsores las Diputaciones Vascas y las Cámaras de Comercio, que al ser desestimados todos sus argumentos, han sido condenados a pagar las costas.
Pendientes 500 millones
En junio pasado, con la sentencia de las "vacaciones fiscales" la Comisión Europea reconoció por boca de su portavoz que la gran mayoría de las ayudas habían sido recuperadas.
Sin embargo, no parece que sea así en el caso del crédito fiscal del 45 por ciento para las grandes inversiones. Desde Bruselas se estima que las ayudas a recuperar, unidas las minivacaciones, rondan los 500 millones.
Precisamente la cuantía de las ayudas a devolver ha sido uno de los asuntos en litigio. La parte vasca considera desproporcionado que la Comisión exija devolver el 100 por cien del incentivo anulado, cuando en el País Vasco en esos años existía la posibilidad de aplicar una serie de ayudas a la inversión que eran compatibles con la UE. Sin embargo el Tribunal falla que una ayuda ilegal debe recuperarse entera priori y que después negociar con la Comisión, caso por caso , la aplicación de otros incentivos.
