País Vasco

El Gobierno vasco dejará que sea Madrid quien decida sobre el sueldo de los funcionarios en 2012

El Gobierno vasco presentó ayer las directrices presupuestarias para 2011, en que se reducirá el gasto máximo en un 2%. Sobre los salarios de los trabajadores públicos dependientes del Ejecutivo no se clarifica su evolución y se deja la misma a lo que marquen los Presupuestos Generales del Estado de 2012.

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Carlos Aguirre, estima que el entorno económico propiciará que la economía vasca cierre el presente año con un crecimiento del PIB 1,4% y que para 2012 se eleve hasta el 2%. A su juicio estas variables constatan 'que Euskadi está saliendo, poco a poco, de la recesión iniciada en 2008', lo que ha sido posible gracias a las mejoras de competitividad y a la salida exterior de las empresas vascas.

El consejo de gobierno aprobó ayer las Directrices Presupuestarias de 2011, las que marcan los techos de gasto y los objetivos que han de regir la elaboración presupuestaria del Gobierno vasco y sus las sociedades y entes públicos dependientes. Como línea general se establecerá como prioridad 'austeridad en el gasto público' simultaneo a 'mejora de la productividad de los servicios públicos'. Esto se traduce en la fijación de un techo máximo de gasto de 9.964 millones, lo que implica un descenso del 2% sobre 2010.

Una de las materias con mayor relevancia presupuestaria y social, la retribución de funcionarios y empleados públicos, no fue definida por el consejero de Economía, que se limitó a indicar que los salarios no podrán crecer más de lo que lo hagan los Presupuestos Generales del Estado de 2011. 'Los Presupuestos Generales del Estado son una norma básica, no se puede sobrepasar', por lo que para saber su determinación habrá que esperar a lo que establezcan éstos.

En el caso de que en 2012 haya prórroga presupuestaria sería de aplicación la reducción salarial aplicada en 2011, que fue de una media del 5%. Si el Congreso saca adelante nuevos presupuestos la evolución de los salarios de los funcionarios del Gobierno vasco seguirán lo que marquen los mismos.

Además, Aguirre anunció que en 2012 no se ampliará la plantilla pública, por lo que el número medio de trabajadores será igual que el que resulte en diciembre de 2011.

Déficit y endeudamiento

Uno de los objetivos prioritarios de las cuentas públicas para 2012 será mantener la 'estabilidad presupuestaria'. En este contexto Carlos Aguirre señaló que se estabilizará el déficit en el 1,3% del PIB.

En materia de deuda, Aguirre cifró el endeudamiento neto del Ejecutivo en 9.000 millones, para establecer una capacidad máxima de emisión de deuda en 2012 de 1.190 millones.

Recorte de gastos

Al margen de los que pueda ocurrir con la evolución del sueldo de los funcionarios y empleados públicos, las Directrices Presupuestarias establecen un recorte de los 'Gastos de Funcionamiento y Transferencias Corrientes' del 5%, reducción general de la que quedarán excluidos los gastos sociales como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), los Conciertos Educativos o Farmacia. Estas últimas partidas, según señaló el consejero, 'tendrán su propia vida'.

Donde se podrá reducir es en la inversión pública. Aguirre señaló que se atenderán los compromisos inversores provinientes de ejercicios precedentes, pero se tendrá mucha prudencia a la hora de establecer nuevos programas de inversión, lo que se traducirá en un criterio de periodo de ejecución más largo que mitigue su impacto anual en als cuentas públicas.

Contabilizar todo

Una de las principales novedades de los futuros Presupuestos del Gobierno vasco para 212 será la inclusión de las cuentas de todas las Fundaciones y Sociedades Públicas. Hasta ahora, las cuentas públicas no estaban obligadas a consolidar éstos gastos en las sociedades en las que no era mayoritario a pesar de que participasen en las mismas. A partir de 2012 los presupuestos integrarán las cuentas de todas esas fundaciones y sociedades sobre su capacidad de gasto total.

Aguirre también indicó que no se permitirán la creación de nuevas fundaciones o sociedades públicas que impliquen gastos. Esto no impide la creación de algún organismo, ya que puede que se realice como resultado del proceso de racionalización del entramado ya existente y que al final podrían derivar en reducciones de gasto.

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