Los prejubilados de Babcock Power España están sumidos en la incertidumbre y en la angustia por la situación inverosímil creada tras la anulación del ERE de 2004. El este mes de junio muchos no cobrarán ni sueldo, ni paro, ni pensión y no saben cuánto tiempo se prolongará esta situación.
Sus únicos mecanismos de defensa, manifestarse, como harán hoy por a mediodía por el centro de Bilbao, y presentar recursos judiciales 'a troche y moche', ya hay cursados cerca de 170. El colectivo afectado ronda las 247 personas.
Pero la vía de reclamación judicial, que por experiencia propia saben que se dilata mucho en el tiempo, no ofrece soluciones inmediatas, por lo que la reclamación prioritaria de muchos de ellos, como ayer expusieron en la sede de CC.OO., es un acuerdo entre partes que se les revierta a la situación previa a la sentencia anulatoria.
Se sienten indefensos y califican de injusticia que ellos y sus familias deban las consecuencias del error del Ministerio de Trabajo que no respetó el procedimiento legal para aplicar las prejubilaciones. Igualmente critican al Tribunal Supremo por dictar una sentencia que no aclara qué se debe hacer con los trabajadores afectados por su resolución.
En una situación de total incertidumbre económica dicen que las 'buenas palabras e intenciones' de Sepi, el Gobierno vasco, administración concursal y otras instituciones, 'ya no nos sirven'.
Palabras de hartazgo, impotencia e incluso lágrimas son las que se pueden escuchar en las comparecencias públicas de los trabajadores afectados. 'Yo no tengo nada, pero estoy convencido de que esto no puede quedar así. Hasta aquí hemos llegado. Con casi 60 años, despedido, sin paro...', así se expresó ayer Amador Mendoza en la rueda de prensa de CC.OO. en la que no pudo contener las lágrimas ante lo que le estaba sucediendo.
Acusan también de especuladores a los austriacos que compraron Babcock. 'A nosotros nos aplicaron un ERE de extinción para asegurar la viabilidad de la compañía y ahora la empresa cierra', explica otro afectado.
El recurso judicial contra el ERE de 2004 fue interpuesto por menos de una veintena de antiguos trabajadores de Babcock, principalmente altos cargos que reclamaban mayores indemnizaciones, pero sus efectos se han extendido a todos. Piden que un grupo reducido de trabajadores no impida que el resto pueda llegar a un acuerdo que resuelva la situación inmediata.
El caos legal y jurídico de la situación no podía ser mayor: Una empresa en quiebra, con administración judicial para su liquidación y con mayores pasivos que activos que no tendrá fácil hacerse cargo de indemnizaciones adicionales; una aseguradora de prejubilaciones (Generali) que ha cortado el pago de las prestaciones y que dice que no puede revertir a la empresa el capital asegurado que actualmente alcanza los 20 millones por problemas de rentabilidad de las inversiones que realizó; la Seguridad Social que puede reclamar los abonos pasados de prejubilaciones y tampoco reconoce el derecho a la prestación de desempleo de unos trabajadores que llevan en inactividad desde hace 7 años.
