Durante el día de hoy el Tribunal de Luxemburgo analiza en vista oral dos polémicos incentivos fiscales vascos de los años noventa, declarados ilegales por Bruselas en 2001. Se trata de la última vía judicial que entrará de lleno en el fondo del asunto.
La Comisión Europea sostiene que aquellos incentivos fueron ayudas ilegales y que hasta ahora las autoridades vascas no han demostrado que se hayan recuperado en su totalidad. Para Bruselas las tres normativas de incentivos habrían derivado en unas ayudas totales a más de un centenar de empresas por un valor superior a 750 millones, de las que se habrían recuperado cerca de un 10%. La cifra es calificada como desproporcionada por las autoridades vascas y por el Gobierno español.
En caso de que la Corte de Luxemburgo falle en la línea de Bruselas habría bastantes empresas vascas que podrían verse en serias dificultades económicas.
Los incentivos a examen en la jornada de hoy son dos: crédito fiscal del 45% para inversiones superiores a 15 millones de euros; y 'minivacaciones fiscales', que suponían importantes rebajas en el Impuesto sobre Sociedades durante 4 años para empresas de nueva creación. La conocidas como 'vacaciones fiscales', que implicaban la exención total del Impuesto sobre Sociedades para empresas de nueva creación, no se examinan en la jornada de hoy, ya que tuvieron su propia vista oral en el mes de marzo.
Los incentivos objeto de examen hoy, aprobados por las tres Diputaciones Forales vascas, estuvieron vigentes entre 1997 y 2000, mientras que las 'vacaciones fiscales' lo fueron en 1993 y 1994. En aquellos años la economía vasca sufría una gran crisis económica e industrial, que fue el argumento de las autoridades vascas para aprobar dichas medidas de incentivación empresarial.
Multa ejemplarizante
Además de la exigencia de devolución de las ayudas, la Comisión tiene tramitado ante la Corte de Luxemburgo la petición de una multa millonaria por la dilación de las Instituciones vascas en la exigencia a las empresas de la reversión de las ayudas. Se trata de una sanción ejemplarizante que plantea una multa de 25.817 euros/día desde diciembre 2006 hasta las sentencias que habrán de dictaminarse de éstas vistas orales (que llegarán en 2001-2012); además de otra sanción de 236.044 euros/dia desde la segunda sentencia hasta que acabe la infracción.
Aunque las sanciones comunitarias van destinadas a los Estados, el Gobierno de Rodríguez Zapatero se blindo ante la multa millonaria de la Comisión. En la tramitación de la Ley de Economía Sostenible introdujo una disposición que determina que las multas impuestas por ayudas ilegales de comunidades autónomas habrían de sufragarlas esas comunidades.
Estrategia de defensa
La defensa vasca y del abogado del Estado español se sustentará sobre tres bases: las ayudas ya han sido recuperadas; las cantidades que exige Bruselas son desproporcionadas; y defectos de forma, especialmente que la dilación de Bruselas en abrir los expedientes genero indefensión al hacer creer que eran ayudas conformes al derecho comunitario.
Precisamente la legalidad de las ayudas no será argumento de las defensa, ya que existe suficiente jurisprudencia en contra para invalidar esa vía. Un litigio similar sobre incentivos fiscales de Azores, sentenciado en septiembre de 2006, estableció los criterios de jurisprudencia sobre los requisitos que habían e cumplir los incentivos fiscales regionales para no ser considerados Ayudas de Estado. Esos requisitos invalidan los incentivos fiscales vascos de los años noventa.
En el lado opuesto estará la Comisión Europea y la Comunidad de La Rioja. Esta última no sólo exige que se devuelvan las ayudas, sino que se le resarza por el daño sufrido como comunidad fronteriza con el País Vasco.
