El grupo Dresser-Rand recibió el beneplácito de las autoridades norteamericanas para comprar el Grupo Guascor, empresa vasca especializada en motores, microgeneración eléctrica y energías renovables.
La venta de Guascor, por unos 500 millones de euros, se ve desde el Gobierno vasco como una deslocalización industrial, mientras que desde la compañía sostienen que supone su reforzamiento internacional y tecnológico.
La operación de venta se materializará tanto en dinero en metálico, como en intercambio de acciones, lo que hace que el hasta ahora presidente de Guascor, Joseba Grajales, se convierta en uno de los principales accionistas industriales de Dresser-Rand, con 5 millones de acciones, lo que le permite ser consejero asesor y participar en las estrategias de planificación estratégica del grupo estadounidense.
En el precio de 500 millones se incluye la asunción de la deuda de Guascor, que se situa en 125 millones, según el nuevo propietario, por lo que el pago en metálico será de 204,3 millones de euros (303 millones de dólares).
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Guascor, Jon Azua (quien fuera vicelehendakari del Gobierno vasco y consejero de Industria a principios de los años noventa), continuará como responsable de operaciones de la nueva filial de Dresser-Rand en el País Vasco y también formará parte del comité ejecutivo de la matriz norteamericana.
Además de esta vinculación con el equipo directivo vasco, desde Guascor destacan el compromiso de Dresser-Rand con la compañía vasca al designarla su Centro Mundial de Excelencia (?Center of Excellence?) en el área de soluciones sostenibles en los sectores de medioambiente y nuevas energías.
Petición de devolución de ayudas
A pesar de los esfuerzos de Guascor de presentar su integración como un reforzamiento de la compañía, lo cierto es que su venta ha sentado muy mal al Gobierno vasco que la percibe como deslocalización de un grupo industrial vasco, que además ha recibido numerosas ayudas públicas. Dresser-Rand y Guascor anunciaron su acuerdo de venta a principios del mes de marzo y un mes después el Ejecutivo autonómico emplazó a la empresa para que devolviese parte de las ayudas públicas que había recibido para su consolidación y crecimiento.
Guascor habría recibido en los últimos años cerca de 20 millones de ayudas públicas, algunas de ellas vinculadas al mantenimiento de la sede social y centro de decisión en Eukadi. En este contexto, el Gobierno vasco ha reclamado ya la devolución de un crédito participativo de unos ocho millones y ha alertado a la compañía de que parte de sus filiales están incumpliendo las devoluciones de otros créditos públicos.
Entre las críticas del Ejecutivo vasco, ocupado ahora por el Partido Socialista, también se encuentra el hecho de que el hasta ahora vicepresidente de Guascor, Jon Azua, en su día fuer a el máximo responsable de la política industrial vasca durante los años noventa en que gobernaba el PNV, partido que siempre ha abogado por mantener en Euskadi las sedes sociales y los centros de decisión de las empresas. Azua fue el que diseño muchos de los planes que permitieron a la industria vasca superar la fuerte crisis de los años noventa y también de los planes que mitigaron las consecuencias financieras del cierre de muchas de ellas.
