Mientras que Israel se dispone a expulsar a cientos de activistas detenidos en el ataque a la flotilla humanitaria, se aviva el debate sobre el bloqueo impuesto sobre Gaza con un nuevo barco con ayuda humanitaria que avanza hacia el enclave palestino. Defensa exige la apertura de una investigación imparcial.
El Gobierno israelí se enfrenta a una fuerte presión internacional para investigar lo ocurrido y para poner fin al bloqueo sobre la franja de Gaza. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha reiterado que el Estado hebreo mantendrá el bloqueo que impuso en 2007, tras la toma de poder del movimiento islamista Hamas en ese territorio. "Abrir una vía marítima para Gaza constituiría un gran riesgo para la seguridad de nuestros conciudadanos. Por lo tanto, hay que seguir con el bloqueo marítimo", ha argumentado Netanyahu.
Los organizadores de la flotilla han anunciado que seguirán enviando barcos con ayuda para Gaza, pese a las advertencias de Israel de que impedirá a cualquier navío quebrar el bloqueo. De este modo, un barco irlandés, el MV Rachel Corrie, se halla en ruta hacia Gaza.
La opinión pública israelí está dividida sobre la apertura de una investigación. Según un sondeo publicado el miércoles por el diario Maariv, 46,7% de las personas interrogadas dicen ser favorables a ella, y 51,6% consideran que sería inútil.
Tensión en Oriente Medio
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abas, calificó el miércoles de "terrorismo de Estado" el asalto israelí contra la flotilla y dijo que instaría al presidente estadounidense, Barack Obama, a tomar "decisiones valientes para cambiar la faz" de Medio Oriente.
Abas recibe el miércoles al emisario estadounidense George Mitchell, antes de su entrevista con Obama en la Casa Blanca el 9 de junio.
La crisis con Turquía
La mayoría de los gobiernos de los países que tenían ciudadanos a bordo de la flotilla han exigido su liberación inmediata. Unos 50 extranjeros, así como seis soldados israelíes, siguen hospitalizados en Israel.
El asalto del lunes ha desatado la ira de Turquía -la mayoría de los activistas eran turcos, así como al menos cuatro de las víctimas mortales- y un alud de críticas internacionales.
Israel, que ya había advertido que no permitiría que se violara el bloqueo, ha acusado a los militantes propalestinos de haber "desencadenado la violencia", al atacar a los soldados con cuchillos y barras de hierro. Pero los organizadores del convoy aseguraron que los comandos abrieron fuego de forma injustificada.
En todo caso, el drama enfrenta a Israel a una grave crisis diplomática, en especial con Turquía, hasta no hace mucho su aliado estratégico en la región. El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, no dudó en pedir que Israel sea "castigado" por esta "masacre sangrienta".
La expulsión de los detenidos