Todos aquellos que defendemos la libertad, deberíamos expresar nuestra preocupación ante la proposición de ley presentada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que busca limitar drásticamente la institución de la acusación popular. Esta reforma podría tener consecuencias devastadoras para la transparencia y la lucha contra la corrupción en España, vulnerando el principio de igualdad y el de tutela judicial efectiva, principios fundamentales del derecho nacional y comunitario.
La acusación popular ha sido una herramienta indispensable para garantizar que los ciudadanos y organizaciones puedan actuar en defensa del interés general. Ha sido clave en la investigación de casos emblemáticos como el Caso Gürtel, el Caso Bárcenas o el Caso Noos, que de otro modo podrían haber quedado impunes. Limitar este derecho equivale a consolidar un marco que favorece la impunidad y silenciar a la sociedad civil en su papel de fiscalizadora del poder.
La limitación que se pretende es en la práctica la anulación de la institución de la acusación popular. La reforma propuesta no solo debilita el sistema judicial español, sino que también podría dejar sin protección frente a delitos graves como corrupción, cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Este tipo de restricciones podría vaciar de contenido el artículo 125 de la Constitución, que garantiza la participación ciudadana en la administración de justicia.
La dependencia del Ministerio Fiscal, una institución cuyo nombramiento está vinculado al Ejecutivo, podría incrementar el riesgo de politización en casos de gran relevancia, debilitando así la independencia y la eficacia del sistema judicial.
Restricciones como estas también contravienen principios esenciales recogidos en los Tratados de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales, como la democracia, el Estado de Derecho y la participación ciudadana. La limitación de la acusación popular pone en peligro la confianza en el sistema judicial, un elemento clave en el marco europeo.
En un momento en el que la Unión Europea refuerza su vigilancia sobre el cumplimiento del Estado de Derecho, España podría quedar en el punto de mira si avanza con esta reforma que socava los valores democráticos compartidos por los Estados miembros.
La lucha contra la corrupción, una de las principales preocupaciones de la sociedad española, no se entendería sin la participación activa de la sociedad civil, quienes, mediante la acusación popular, han sido clave para investigar y procesar delitos de gran trascendencia. Y aunque hayan podido existir algunos casos de abuso o instrumentalización política de la acusación popular, queda muy claro para todos, que la solución no radica en su eliminación. Esta medida que pretende el Gobierno, no sólo es exagerada sino que es un fraude de ley.
El rechazo a esta reforma ha movilizado a ciudadanos y organizaciones en defensa de la acusación popular como un derecho fundamental. Son muchas las asociaciones y profesionales de la justicia o del periodismo, los que han mostrado su oposición a lo que consideran un retroceso en la lucha contra la corrupción y la transparencia.
El papel de la sociedad civil en la fiscalización del poder es esencial para una democracia sana. Limitar su capacidad de actuar ante los tribunales supone silenciar a quienes defienden los intereses generales, dejando un vacío que solo beneficia a quienes buscan operar al margen de la ley.
La acusación popular no es un capricho jurídico; su inclusión en la Constitución del 78 respondió a la intención de fortalecer la participación ciudadana en la administración de justicia y garantizar mecanismos efectivos contra posibles inacciones del Ministerio Fiscal. Y no fue una novedad jurídica, sino que recogió una tradición ya existente de garantizar la rendición de cuentas, proteger el Estado de Derecho y dar voz a la sociedad civil.
Como sociedad civil, debemos exigir que se preserve este derecho fundamental, promoviendo su buen uso y fortaleciendo su regulación. La democracia no puede entenderse sin la participación activa de los ciudadanos en la defensa del interés general. La acusación popular debe seguir siendo un baluarte en la lucha contra la corrupción y un freno contra los excesos del poder.
