
La llegada de Trump a La Casa Blanca tendrá muchas consecuencias en todos los ámbitos con diferentes análisis, pero, sin duda, una de las novedades más certeras está siendo ya la consolidación de los grandes magnates de las empresas tecnológicas, la "tecnocasta", en los núcleos de poder.
Y de la mano del trumpismo ha llegado a la política Elon Musk, el magnate, dueño de X y Tesla, que durante la campaña electoral americana utilizó las redes sociales para difundir noticias falsas o engañosas que apuntaban a una "importación" de votos a través de la inmigración ilegal. Y los datos indican que Elon ha conseguido que algunos de sus mensajes tengan un alcance de más de 750 millones de visualizaciones.
Pero Musk no es el único que quiere o ha querido manipular la democracia intentando cambiar votos por likes. Posiblemente, el primero en hacerlo fue Mark Zuckerberg -director ejecutivo de la tecnológica Meta- en el conocido caso de 'Cambridge Analytica', cuando la consultora británica recopiló datos de millones de usuarios de Facebook con fines propagandísticos. Zuckerberg reconoció su error en el Senado americano, sí, pero parece que se le ha olvidado.
Por ello, todas estas situaciones en las que se usan las redes como herramienta de manipulación provocan que hoy sea una necesidad imperiosa tomar el control para volver a lo que siempre debieron ser: un espacio seguro y libre.
Las redes sociales tienen más de veinte años y su regulación sigue siendo casi inexistente. Y en este punto, hemos de plantearnos también que, si los sectores económicos más importantes como el bancario o el energético tienen que someterse a diario a leyes y controles regulatorios, ¿por qué no sucede lo mismo con las redes sociales?
Posiblemente sea porque hoy en día, su innovación, desarrollo y avances hacen que sea complejo que la regulación vaya por delante del mercado. Sin embargo, después de dos décadas las consecuencias que tiene su no control son ya una realidad para los usuarios y también para la democracia. Pero, abramos los ojos: likes, dinero y democracia no son palabras sinónimas.
La UE, pionera en proteger a los usuarios en las redes
En 2022, el Parlamento Europeo acogió un intenso debate económico, ético y legal que trajo consigo la aprobación de una ley europea pionera en el mundo: la Ley de Servicios Digitales, conocida como DSA, cuyo objetivo es proteger a los usuarios de contenidos ilegales, publicidad engañosa y otros riesgos en Internet.
Es decir, Europa tiene ya una Ley que obliga a eliminar contenidos ilegales, como noticias falsas, discursos de odio o productos falsificados a las empresas de redes sociales. Además, esta normativa protege a los menores de la publicidad dirigida y de contenidos inapropiados. También obliga a las empresas a ser transparentes sobre cómo funcionan sus algoritmos y cómo utilizan nuestros datos personales. Pero ¿qué sucede si las empresas o la "tecnocasta" deciden no cumplir la ley? Las sanciones son considerables, ya que pueden alcanzar hasta un seis por ciento de la facturación anual mundial.
Además de las sanciones económicas, que normalmente son lo más común en cualquier ley, existen antecedentes en Europa tales como el bloqueo europeo en 2023 a canales rusos para luchar contra la desinformación rusa por los que, en aquel momento se bloquearon los canales de difusión rusos Russia Today y Sputnik.
Tenemos la obligación como europeos de hacer que nuestras leyes se cumplan. Es el momento de dotar a la nueva normativa europea sobre derechos digitales, conformada por la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA), de los mejores equipos técnicos y humanos.
Y en medio de un escenario mundial en el que, bajo la nueva y repetida administración Trump, el denominado "tecnoimperialismo" campa a sus anchas, la respuesta más clara que se ha dado hasta ahora ha sido la de España y ha tenido lugar durante esta semana en Davos. Una cumbre, en la que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha anunciado que llevará a la próxima reunión del Consejo Europeo una batería de propuestas para frenar el poder de las redes sociales en contra de los principios democráticos.
El objetivo, de forma acertada, es poner fin al anonimato en redes sociales creando para ello una identidad digital europea. Sin duda, promete ser uno de los debates más importantes en Europa los próximos años. Asimismo, hay que recordar que, la anterior Comisión Europea fue pionera a nivel mundial con la creación de la Carta de Derechos Digitales, también bajo la petición de España.
Actualmente, la impunidad existe en las redes sociales: el anonimato se confunde con la privacidad y lleva a que, bajo una careta falsa e irreal se esté intentando manipular a los ciudadanos sin que seamos conscientes de ello. Razón por la que presidente del Gobierno hizo un símil muy correcto en Davos: "El responsable de un restaurante es responsable si intoxica a sus clientes, los responsables de las redes sociales tienen que serlo también de los algoritmos que puedan envenenar a la población".
Vienen años de muchos debates, años en los que la ética, la libertad de expresión y su fina línea en las redes sociales van a marcar el debate público. Nuestro deber como políticos debe ser garantizar la neutralidad en la red, proteger a los ciudadanos y usuarios de aquellos que bajo una careta o seudónimo quieren cambiar votos por likes.
En definitiva, debemos hacer lo que lo que es ilegal offline, sea también ilegal online.