Sí, el próximo 30 de noviembre los bomberos de toda España y todo aquel que quiera acompañarnos saldremos a la calle. Son ya muchos años reclamando algo que debería ser aplastantemente obvio: que los 20.000 profesionales en España que integramos el cuerpo de bomberos y trabajamos para distintas administraciones contemos con una ley que permita coordinar nuestra labor cuando sea necesario.
Es algo que venimos haciendo con insistencia desde la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP): exigir ya, cuanto antes, una Ley Marco de Coordinación, que nos ha llevado a recorrer grupos políticos, a realizar manifestaciones y a escribir una cantidad increíble de cartas a autoridades. La última, estos mismos días al ministro del Interior, quien no es la primera vez que nos ignora.
Pero esta vez no podemos tolerar semejante indiferencia. Se ha producido una DANA trágica y, con independencia de las responsabilidades políticas que estos días ocupan la plana mayor de los medios, estamos en condiciones de asegurar que, de existir esta ley que tanto tiempo llevamos reclamando, las operaciones de rescate y emergencia habrían sido distintas. Y cuando escribimos distintas queremos decir mejores, más eficaces, más rápidas y directas.
Porque ya no estamos hablando de, pongamos por ejemplo, un incendio en Fuenlabrada, con un parque de bomberos a cinco minutos, y que este no pueda actuar si no pertenece a este municipio debido a la inexistencia de la Ley Marco de Coordinación. Esto es grave. Estamos hablando de que miles de compañeras y compañeros, fuera o dentro de su horario de trabajo, han mostrado su voluntad de desplazarse a las zonas más afectadas por el temporal nada más trascender la magnitud de la tragedia iniciada el pasado 29 de octubre en el Levante español.
Miles de bomberos que declaran su voluntad de prestar los servicios que mejor saben hacer, salvar vidas, rescatar a gente, y que no pueden ante la clamorosa ausencia de la legislación pertinente que permita su apoyo.
¿Esto es acaso asumible? Con una tragedia como la de Valencia, con todo el país centrado en las operaciones de rescate y con miles de efectivos y profesionales incapaces de coordinarse porque los grupos políticos no han sentado las bases para sacar adelante una norma que no debería de generar ningún conflicto político autonómico, ya que afecta igualmente a ayuntamientos o al cuerpo de Bomberos de los Aeropuertos. ¿Tan complicado es hacer las cosas bien?
Tras el paso devastador de la DANA, ha surgido un número incuantificable de testimonios con cuadros de hipotermia, faltas de agua y electricidad, personas incomunicadas o atrapadas horas y días entre escombros o en el interior de vehículos; en todas estas tareas, miles de bomberos podrían prestar una ayuda inestimable, practicando cientos de rescates y agilizando las labores de salvamento. Hablamos de más de 200 víctimas. Y hablamos de más de 35.000 operaciones de rescate.
La norma se registró por primera vez en el Congreso de los Diputados 2018, pero quedó suspendida cuando se convocaron las elecciones generales en 2019 (hubo repetición electoral). El proyecto de ley había recibido el apoyo de ¡todos! los grupos políticos y parecía que más pronto que tarde iba a ser una realidad.
La doble convocatoria electoral de 2019 resultó a la postre fatídica, a pesar de que en el acuerdo del anterior Gobierno de coalición era una de las leyes pendientes de tramitar entre PSOE -que llevaba en su programa la ley para coordinar a los bomberos profesionales- y Unidas Podemos. La legislatura arrancó y no se hizo nada: la medida, sorprendentemente, quedó atascada, durante dos años, en la fase de enmiendas. Entonces decidimos movilizarnos de nuevo. Así, en mayo de 2023, bomberos de toda España acudieron a Madrid para manifestarse y pedir al Presidente del Gobierno que cumpliera con su palabra y sacara adelante la norma.
La movilización dio resultados… parcialmente. Es cierto que fuimos muchos los bomberos que confiamos de nuevo en poder registrar la norma antes de noviembre de 2023. Sin embargo, todos lo recordarán, se produjo de nuevo un anuncio de llamada a las urnas en verano del año pasado. La Ley Marco de Coordinación volvió a quedar en el aire. Hasta hoy, que seguimos sin tener noticias.
Por eso hay que decir basta, especialmente tras conocer no sólo los efectos trágicos de la DANA, sino las negligentes actuaciones que se han visto en los servicios de rescate y emergencia. Negligentes no por la falta de experiencia y pericia del cuerpo sino por la nefasta coordinación de desampara nuestros equipos, plagados de personal experto que no tiene quien esté al mando.
Por eso tenemos que decirlo cada vez más alto: las emergencias no entienden de delimitaciones administrativas y el bloqueo político de esta Ley seguirá comprometiendo la seguridad ante incendios, accidentes, inundaciones, tornados, riadas y tantas otras inclemencias climáticas. Ya nos hemos hartado: vamos a volver a tomar las calles y a hacer todo cuanto esté en nuestra mano. Tenemos claro lo que queremos: mejorar nuestra coordinación para salvar vidas, para cuidar y proteger a la ciudadanía.
