Madrid
El desarrollo del transporte público es clave para conseguir los objetivos de descarbonización. Así lo entiende la propia Unión Europea (UE), que quiere convertir Europa en el primer continente con cero emisiones netas en 2050. Para ello, ha establecido una hoja de ruta ambiciosa que pretende transformar la sociedad de sus países miembros a través del Pacto Verde Europeo y de los objetivos intermedios de 2030 -reducción del 45% de las emisiones en el periodo de 2030-2034 y del 65% del 2035-2039-. Se trata de construir una economía más competitiva y moderna basada en el impulso de la neutralidad climática. En esta línea de actuación, y con el diseño de una regulación precisa que abarca todos los sectores industriales, la movilidad es uno de los puntos clave para cumplir en tiempo y forma con los objetivos de descarbonización.
En la encomiable labor de construir un futuro más sostenible para Europa, el transporte urbano colectivo constituye una alternativa eficiente, rápida y accesible al coche privado, ya que ayuda a descarbonizar las ciudades y contribuye de manera decisiva en la consecución de la tan ansiada neutralidad climática en la movilidad. Por tanto, el transporte público mejora la calidad del aire, reduce la congestión urbana y fomenta un estilo de vida saludable que tiene un impacto positivo en la salud física y mental de las personas. Esta importancia se refleja en los más de 60.000 millones de viajes que se efectúan en transporte público en toda Europa, el cual emplea a casi un millón y medio de personas en todo el continente, lo que también redunda en la prosperidad y el crecimiento económico de los distintos territorios. No obstante, aún queda mucho trabajo por hacer si queremos cumplir con los plazos marcados por la Agenda 2030 y 2050. El tiempo apremia y en ese objetivo general de la Unión Europea no debería haber países de primera velocidad y otros de segunda, ya que se trata de un objetivo cuyo éxito será global o no será.
Lo cierto es que, hoy en día, la realidad en el desarrollo del transporte público en Europa está muy descompensada. Mientras gobiernos como el de Francia o Alemania destinan grandes inversiones a la modernización de su infraestructura y a la adopción de tecnologías limpias -9.616 y 9.049 millones de euros respectivamente- el de España tan sólo aportó 372 millones de euros en 2023, según los Presupuestos Generales del Estados (PSG); apenas un 6,1% del total necesario para construir un sistema de transporte público sostenible y con vigencia a medio y largo plazo. La evidencia de estos números nos coloca en el vagón de cola de las grandes economías continentales. Por ejemplo, Francia invierte más de 141 euros por habitante y Alemania más de 107, en España no llegamos a los 8 euros por persona, recursos que han decrecido en nuestro país de manera alarmante desde 2012 hasta ahora, más aún si tenemos en cuenta el aumento del Índice de Precios de Consumo (IPC) debido a la inflación.
En este contexto, se hace perentoria la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, cuyo compromiso es llegar a un máximo del 25% en la aportación del Estado a los sistemas de transporte urbano a través de un Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible. De hecho, la aprobación podría implicar que el Ejecutivo eleve sus aportaciones al sector hasta los 1.750 millones de euros anuales, cinco veces más que en la actualidad. Sin embargo, esa cifra tampoco será suficiente ya que el sector en nuestro país requiere de una cantidad adicional de 1.500 millones al año para cumplir con los compromisos de renovación de flotas y la multiplicación de la cantidad de servicio exigidos por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Para culminar con éxito la transición hacia un sistema de transporte público robusto y eficiente, necesitamos un compromiso real por parte de todos los sectores implicados, tanto del Gobierno como de las autoridades locales, empresas y sociedad civil. Es crucial que España no solo alcance, sino que supere, los estándares europeos en materia de financiación y gestión del transporte público. De esta manera, el país no solo mejorará su infraestructura de movilidad, sino que también reforzará su posición en Europa como líder en la implementación de soluciones sostenibles. Para lograrlo, debemos desarrollar un marco de financiación a largo plazo.
Los resultados serían más que evidentes, ya que cada euro invertido en transporte público genera un valor adicional de cuatro euros en la economía total. Y es que el transporte público conecta a las personas con sus empleos, formación y actividades de ocio, facilita el desarrollo de negocios, apoya el turismo y contribuye a la regeneración urbana y al aumento del valor de la propiedad. En definitiva, el transporte público es parte esencial del futuro sostenible que necesitan tanto España como Europa.
