Los préstamos bancarios que fueron avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), inicialmente vistos como una tabla de salvación para sustentar a muchas PYMES cuando no podían generar ingresos o estaban totalmente paralizadas durante la pandemia de la COVID-19, han resultado ser más bien una carga. En vez de proporcionar liquidez en condiciones favorables a través de las líneas de crédito y préstamos bancarios, se convirtieron en un rescate encubierto a la banca respaldado por los contribuyentes. La contratación masiva de estos préstamos, impulsada por el Gobierno y la voracidad de los bancos, dejó a las empresas en una situación comprometida que pone en peligro su subsistencia.
Cuando se inició la comercialización de estos préstamos en el primer trimestre de 2020, algunas entidades bancarias fueron ambiguas a la hora de explicar a sus clientes qué suponía el aval del 80% del ICO e intencionadamente o no, omitieron el hecho de que, a pesar de dicho aval público, el prestatario respondía igualmente por el 100% de la deuda.
Por otro lado, afirmamos que se trató de un rescate encubierto a la banca porque dicho aval del ICO no sólo se utilizó para la nueva financiación otorgada en ese momento, sino también se incorporó dicho aval a las líneas de financiación de circulante preexistentes. Además, en muchos casos, estas líneas fueron prestamizadas para poder agregarles el aval del ICO, pasando de ser una financiación que se renovaba anualmente por el límite total de la línea a tener que amortizarse mensualmente al tratarse de un préstamo.
Lo que debería haber sido un alivio a corto plazo para las PYMES se transformó en compromisos financieros a medio y largo plazo, impuestos por la banca con el aval del ICO. Las empresas, especialmente las PYMES, que acostumbran a tener menor músculo financiero, se ven ahora en serios aprietos debido a la necesidad de afrontar la devolución de una deuda inmensa sin todavía la suficiente generación de caja que lo haga posible. Esta situación se agrava por los efectos de las tensiones geopolíticas, como la invasión rusa en Ucrania y el incremento de los costes y precios de la energía como consecuencia de estas.
En estos momentos, finalizados los períodos de carencia y después de varias renovaciones con el objetivo de alargar su plazo de devolución, estos préstamos ya no tienen el interés fijo competitivo que se acordó al principio, sino que son a tipo variable, con diferenciales elevados y un Euribor que, en los últimos meses, ha aumentado hasta un punto que hace que las cuotas sean difíciles de digerir. Además, la rigidez impuesta por el aval del ICO hace que, en la inmensa mayoría de los casos, renegociar con los bancos sea prácticamente imposible sin que éstos pierdan la garantía estatal, dejando a las empresas sin apenas margen de maniobra.
En conclusión, los préstamos respaldados por el ICO han terminado siendo un salvavidas para la banca, mientras que las PYMES, sus destinatarias originales, se ven ahogadas por la deuda. Este desequilibrio ha desviado el apoyo gubernamental de su propósito inicial, beneficiando al sector financiero en detrimento de las empresas, que son las que realmente necesitan apoyo.
