Madrid
Durante el mes de febrero el Gobierno ha aprobado, por fin, el proyecto de ley de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, un texto que impulsó el exministro Miquel Iceta y que fue aprobado en Consejo de Ministros en diciembre de 2022. El adelanto electoral, no obstante, impidió que la Oficina saliera adelante, por lo que Ernest Urtasun, ministro de Cultura en la actualidad, la ha puesto sobre la mesa tres meses después de ocupar su cargo.
El ministro ha asegurado que "esta oficina pretende aumentar de escala la estructura que se encarga de los derechos de autor, dotarla de un ente autónomo y hacer frente de manera más ágil a los retos cada vez más complejos del mundo digital". Para Urtasun, los derechos de autor y la propiedad intelectual "son el principal activo del mundo cultural", dado que las Industrias Culturales y Creativas en España aportan alrededor de un 3,4% al PIB y un 3,6% al empleo total, con más de 710.000 puestos de trabajo, según la Cuenta Satélite de la Cultura.
Gracias a estas cifras tan relevantes, esta industria ha sido incluida dentro de las 10 políticas palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, sin lugar a duda, justifica por qué una industria que hasta ahora se ha visto poco respaldada a nivel administrativo y estatal, empiece a dotarse de una estructura nacional y, por tanto, de un reconocimiento.
Según recoge el texto normativo, el motivo por el que se crea esta nueva Oficina responde a que "el actual marco institucional resulta insuficiente para impulsar una política integral efectiva de promoción y protección de los derechos de autor y conexos, acorde a la importancia de este activo en el sector cultural español". Por ello se pretende dotar de más recursos y agilidad al organismo encargado de luchar contra la piratería y asegurarse de que los creadores del contenido cultural sean compensados de manera adecuada por su trabajo.
Según el informe elaborado por el Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumos Digitales, las pérdidas que sufre el sector cultural por la piratería rondan los 2.000 millones de euros, una cuarta parte de la facturación de las industrias. Esto se traduce en más de 550 millones en forma de ingresos públicos no percibidos y unos 85.000 puestos de trabajo no creados. No es de extrañar, por tanto, que Urtasum haya optado por aprobar el mismo texto de Iceta para acelerar su tramitación, de tal forma que pueda llegar a aprobarse antes de que acabe el año. Una vez aprobada la Ley, podrán aprobarse los estatutos del organismo y dar cumplimiento a los hitos comprometidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El ejemplo de funcionamiento más próximo de este organismo lo encontramos en la Oficina Española de Patentes y Marcas, tanto por la materia que regula como por su estructura organizativa. Aunque este último organismo tiene las funciones algo más limitadas en lo que se refiere al registro de patentes, marcas y otras modalidades de propiedad industrial, ya que puede emitir dictámenes, difundir información tecnológica, y promover el conocimiento y una adecuada protección de la propiedad industrial, pero no puede luchar contra la piratería ni asegurar que los titulares de los derechos sean compensados en caso de infracción; competencias, sin embargo, que sí podrán atribuirse a la nueva Oficina de Derechos de Autor.
La posibilidad de contar con una oficina nacional con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar, además, de una autonomía de gestión que permita la correcta realización de la actividad administrativa que corresponde al Estado en materia de propiedad intelectual, es una oportunidad para paliar la posición de debilidad y falta de liderazgo estratégico de España en esta materia.
Inicialmente, las funciones y competencias que serán atribuidas a esta nueva Oficina serán las actualmente atribuidas a la Subdirección General de propiedad Intelectual y a la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, en materia de propiedad intelectual. Ello incluye las competencias del Registro de Propiedad Intelectual que, a pesar de no tener carácter constitutivo, sí tiene una grandísima relevancia a la hora de acreditar y hacerse valer de los derechos reconocidos por la Ley de Propiedad Intelectual.
Además, el refuerzo de la estructura administrativa de esta materia irá también dirigido a mejorar la capacidad para llevar a cabo las funciones que actualmente ya se ejercen en materia de propiedad intelectual, como las competencias relativas a la vigilancia del cumplimiento de la legalidad o las funciones regulatorias, lo que incidirá en la mejora de la calidad normativa en la materia, que tanta falta hace. Esta mejora y desarrollo en las normas de la materia, esperemos, progresará en función y a medida de los importantes avances tecnológicos que se están produciendo en esta era, con retos tan relevantes como el Metaverso y la Inteligencia Artificial.
Además, esta mayor especialización y organización institucional y gubernamental en una materia que goza de tanta importancia permitirá una mayor y mejor especialización de los empleados públicos de esta nueva Oficina, y ello redundará, en definitiva, en una mayor calidad, eficacia y eficiencia en las políticas públicas y en los procedimientos relativos a esta especialidad.
