Este es el eslogan de la reciente campaña publicitaria promovida por el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria. Personalmente, hace tiempo que insisto en la importancia de promover una cultura tributaria. Bienvenidas, pues, todas las iniciativas.
Lo que me planteo, es si esa campaña va a tener sus frutos. Creo, de verdad, que lo importante es que se nos informe de lo que cada uno de nosotros contribuimos al gasto público y la correlación que hay entre lo que recibimos y lo que pagamos.
Sería también de interés, que se nos informara del coste que por familias y percentiles de renta representan los servicios básicos o esenciales del Estado de Bienestar, además de quiénes son los beneficiarios de ayudas y prestaciones y su impacto en la disminución de la desigualdad y la vulnerabilidad.
Es igualmente necesario conocer cómo la progresividad se distribuye por percentiles de renta, en especial, en los de mayor renta. Tengo, pues, muy poca fe de que la campaña publicitaria dé sus frutos. Y tengo poca fe porque lo importante hoy, es mejorar las percepciones negativas que los ciudadanos tienen.
La principal diferencia de nuestro sistema tributario con el de los países nórdicos, es el elevado grado de satisfacción y convencimiento de sus ciudadanos sobre la calidad de los servicios públicos y el efecto positivo que el Estado tiene en el bienestar de los mismos.
De ahí, su aceptación de la elevada presión fiscal que ello comporta. El problema surge cuando se pretende imponer una presión fiscal que no se corresponde con la percepción que los ciudadanos tienen de su Administración. Y esto, nos guste o no, es lo que a nosotros nos ocurre.
En efecto. Los ciudadanos no tenemos la percepción de tener servicios de calidad, si como tal valoramos el funcionamiento de los servicios públicos.
Personalmente, estoy convencido de que, entre otras muchas cosas, tenemos una muy buena sanidad pública. Pero eso no me impide constatar los déficits en su funcionamiento. Colapsos de los CAP, listas de espera, largas colas, y un largo etcétera que se extiende a la mayoría de los servicios públicos.
Acudir a la Administración es una tediosa tarea que todos procuramos evitar. Se trata de un verdadero desespero, del que todo ciudadano huye.
Si nos ceñimos al ámbito impositivo, la cita previa y la cada vez mayor impersonalización y deshumanización de la Administración, está ensanchando la brecha que nos separa de la misma.
La "regla" de que no te pueden solicitar información que ya obra en su poder, es una de las más grandes mentiras que existen. El conflicto con la Administración, especialmente la tributaria y la laboral, es atroz.
La inseguridad jurídica es consustancial a nuestro hábitat. Convivimos con ella, junto a la pésima calidad legislativa, y a la degradación del Derecho. No existe el necesario equilibrio entre Administración y administrado. Salvo para pagar, el ciudadano ha caído en el olvido.
La percepción (y convencimiento) de que los más ricos no pagan lo que debieran, y que los únicos que pagan impuestos son los currantes con sueldo, es hoy otra verdad que no se nos explica con todo el detalle y la transparencia que requiere.
Y no se nos explica porque se es consciente del desproporcionado sacrificio fiscal de unos y otros. Para disimularlo, se nos trocean los impuestos en pequeñas porciones y se procuran hacer lo más invisibles posible a través del juego de los retenedores, intermediarios, y "todo incluido". Es lo que yo denomino la "anestesia" fiscal.
Tramitar cualquier expediente administrativo es otro motivo de desesperación. Tanto, que es mejor ser asalariado que emprendedor.
El peso de las excesivas obligaciones legales es otro de los principales obstáculos de muchas empresas. Una gran parte de nuestro tiempo se destina a cumplir la ley y no a crear valor.
Pero, si algo me preocupa de esta campaña publicitaria, son dos cosas. Primero, la percepción de que no somos nadie sin el Estado y de que todo lo que somos se lo debemos al Estado. Segundo, las imprecisiones.
Creo, de verdad, que el Estado no es nuestra solución para todo, sino el salvavidas para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Ser libre es no depender de nadie más que de uno mismo. Y eso es lo que el Estado ha de promover, además, claro está, de cubrir los supuestos de vulnerabilidad.
La obligación del Estado es, pues, la de fomentar esa libertad responsable, promoviendo una redistribución de la riqueza más equitativa y una verdadera igualdad de oportunidades.
Es mejorar nuestra renta per cápita, fomentar la convivencia, y mejorar nuestro bienestar general. Es fomentar el capital humano y no la riqueza especulativa. De poco, pues, servirán las campañas publicitarias si no se consigue que las percepciones cambien. Y hablaba también de imprecisiones.
Uno de los spots se refiere a dos personas ya jubiladas que gracias a los impuestos cobran su pensión y tienen una vida feliz y tranquila.
No voy a valorar lo acertado o no de la bucólica imagen. Pero sí he de decir que las pensiones no se financian con los impuestos. Cosa distinta es que nos empiecen a mentalizar subliminalmente de lo que en el futuro puede ser una realidad.
Sea como fuere, como los servicios y prestaciones públicas no son fruto de la magia, convendría empezar a explicar con detalle y transparencia nuestra particular contribución a los mismos y su distribución entre todos los contribuyentes.
Profesor de la UPF y socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa
