El objetivo que persigue restaurar el prestigio de las instituciones y mejorar la calidad democrática, es muy necesario. Por eso solo se puede calificar como una buena noticia la presentación por parte de uno de los grandes partidos políticos de un Plan de Calidad Institucional.
La pena es que, como en otras importantes cuestiones de Estado, más que una unión de partidos y esfuerzos políticos es altamente probable que asistamos a todo lo contrario, a una batalla por apropiarse de la causa.
Es preocupante que, a estas alturas de nuestra democracia, hayamos permitido un debilitamiento de los mecanismos de contrapesos ya establecidos, esenciales para garantizar, no solo el cumplimiento de la ley, sino también como garantes de transparencia y de los derechos y libertades de cada uno de nosotros.
Tal y como defendía Montesquieu en su obra El Espíritu de las Leyes, "todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo; va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este, hace falta disponer las cosas de tal forma que el poder detenga al poder". De esto trata la democracia, de contar con los mecanismos necesarios para garantizar el buen hacer de nuestras instituciones en beneficio de todos los ciudadanos.
Es necesario contar con sistemas efectivos de control que sirvan como contrapeso para garantizar equilibrios de poderes y así reforzar los sistemas democráticos. Las instituciones públicas no tienen que ir muy lejos para encontrar referentes.
Basta con imitar el buen hacer en materia de sistemas de gobierno de las empresas, quienes cuentan con numerosos contrapesos en sus sistemas de gobernanza que aseguran un adecuado equilibrio entre los diferentes y legítimos intereses que actúan en los ecosistemas empresariales.
Uno de estos contrapesos en el mundo empresarial es la función de Auditoría Interna que, en su servicio al Consejo, permite supervisar y asesorar sobre la adecuada gestión de diferentes riesgos, promoviendo la sostenibilidad a largo plazo de las empresas y mejorando la confianza en la buena gestión de las compañías.
Es curioso, a la par que contradictorio, que crezcan las responsabilidades y normativas de rendición de cuentas para las empresas privadas -Ley de Sociedades de Capital, Ley de Auditoría de Cuentas, o el Código de Buen Gobierno de la CNMV- y esto no tenga, cuando menos una réplica idéntica, en lo que respecta al sector público. Dicho de otra manera, las empresas privadas han robustecido sus sistemas de control interno y de rendición de cuentas con una estructura sólida de reparto de poderes, tareas y funciones. Y es ahí donde
Auditoría Interna ha surgido como un elemento relevante para impulsar y velar el buen gobierno. Me temo que esto no lo hemos visto en igual calidad y desarrollo en el ámbito público. Y ya es hora de abordarlo.
El deterioro institucional sufrido en los últimos años hace necesario robustecer y modernizar los sistemas de control interno, gestión de riesgos y rendición de cuentas de las instituciones y administraciones públicas.
No es una cuestión de partidos, derechas o izquierdas. Ni siquiera es el momento de buscar culpables, sino de sumar todos, sociedad civil incluida, para revertir la situación.
Como gestores de lo público, nuestros representantes tienen que ser ejemplo de liderazgo ético y deben reforzar e implantar políticas de control efectivas en el sector público -a todos los niveles: local, autonómico o nacional-. Aquellos que tienen el mandato de gobierno son los responsables de emprender las reformas necesarias. Esas son sus obligaciones y nosotros, como ciudadanos, tenemos el deber de exigir que cumplan con ello.
La ausencia de un control interno adecuado ha causado enormes fracasos en los que se han visto involucrados entidades y administraciones públicas y privadas de todos los ámbitos de actuación.
Es momento de aprovechar las buenas intenciones electoralistas para reclamar los tan necesarios contrapesos y exigir un plan de acción para frenar este deterioro institucional que incluya nos solo a instituciones y administraciones públicas, sino también a otros actores fundamentales de la sociedad.
