Madrid
La amenaza de los efectos del cambio climático es ya una realidad. Con esta severa advertencia ha arrancado este domingo en Egipto la COP27, la cumbre anual del clima más importante a nivel mundial que reúne en cada edición a los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. En los últimos ocho años el planeta ha registrado la media de temperatura más cálida hasta la fecha, y ante la seriedad y magnitud del desafío que afrontamos, es incontestable que urge una respuesta global. Pero, ¿cómo podemos contribuir activamente a ello desde la perspectiva financiera?
Tradicionalmente el sector financiero no ha sido considerado como una actividad contaminante, en términos de emisiones directas de carbono. Frente a sectores eminentemente industriales, podría resultar confuso pensar que las compañías que gestionan activos tengan algún impacto significativo sobre la huella de carbono, más allá del consumo energético de sus infraestructuras de datos y sus dependencias físicas. Esto, sin embargo, es contra-intuitivamente equivocado.
Las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a las actividades de inversión, préstamo y suscripción de las instituciones financieras son, por término medio, más de 700 veces superiores a sus emisiones directas, según un informe elaborado por Carbon Disclosure Project (CDP), la organización medioambiental de referencia a nivel mundial.
Lo cierto es que en los últimos años, el rol de las entidades financieras ha pasado de ser secundario a resultar absolutamente relevante ante la emergencia climática. Su protagonismo adquiere una dimensión central mediante un cambio de perspectiva, con el que las gestoras de activos se imputan como propias aquellas emisiones relativas a su cartera de inversión. De esta manera, incorporan el scope 3 en su huella de carbono, es decir, el que atañe a las emisiones indirectas y sobre las que, a priori, tienen una capacidad de gestión mucho menor.
Con este nuevo enfoque, las compañías gestoras de activos están perfeccionando sus metodologías para controlar y reducir la huella de carbono de los activos de su cartera, convirtiéndose así en un actor de primer orden para hacer frente al desafío climático como posibilitadoras del cambio.
Medir los riesgos asociados al cambio climático en las carteras de inversión es muy efectivo desde una perspectiva comprometida con el medioambiente, pero también existe un racional económico detrás. Mediante modelos que cuantifican no solo la huella de carbono de los activos en base a sus emisiones, sino también sus esfuerzos y su capacidad para reducirlas, los gestores pueden identificar mejor las oportunidades de inversión y optimizar la toma de decisiones, afinando las estimaciones de su rentabilidad a largo plazo.
Así, estudiar la eficiencia de los activos en su proceso de descarbonización se convierte en un parámetro más a tener en cuenta, desde el punto de vista de la rentabilidad de las inversiones. Pero más allá de la ventaja competitiva que esto supone para las empresas, al disminuir el riesgo de incurrir en activos varados o incluso a través de la capacidad de generar beneficio extraordinario con la venta de derechos de emisiones, los gestores de activos también son conscientes de que Europa (y la mayor parte del mundo desarrollado) se plantea un planeta sin emisiones en 2050, lo que sin duda va a ir aumentando la presión regulatoria los próximos años.
A día de hoy, el principal reto para el cálculo de la huella de carbono reside en avanzar en una metodología completa que cubra toda la tipología de activos para poder obtener un cálculo más ajustado a la realidad que optimice la toma decisiones. La actual regulación ofrece pautas básicas, pero existe un vacío en la definición de un método de cálculo para numerosos activos como la renta fija gubernamental, activos del sector financiero, compañías privadas, productos derivados o fondos, entre otros.
En paralelo, y a pesar de la falta de compenetración regulatoria, las compañías están dando grandes pasos para avanzar en sus compromisos. Por ejemplo, gracias a una metodología propia, en MAPFRE AM, la gestora de fondos de la mayor compañía de seguros española, que además es el mayor inversor institucional, hemos comunicado recientemente la reducción en más de 1.167.000 toneladas de emisiones de CO2 en la cartera de inversión entre 2019 y 2021, el equivalente aproximado a todas las emisiones que una ciudad de 200.000 habitantes genera en un año.
El momento de urgencia climática demanda soluciones, pero la vocación de cambio ya es una realidad tangible. En un horizonte temporal no muy lejano, y según la regulación especifique la manera exacta de realizar los cálculos, el reporte de la huella de carbono será cada vez más preciso, y permitirá a las entidades financieras tomar decisiones firmes que posibiliten mediante sus inversiones una progresiva e inexorable descarbonización de nuestra economía.
