Opinión

No diga 'rent a car', diga movilidad compartida

  • El compromiso del sector con la movilidad sostenible es firme

Las empresas de alquiler de vehículos somos una parte fundamental de la movilidad compartida para todos. Y lo somos desde siempre. Por eso ahora, mientras tiene lugar la tramitación del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, queremos pedir a la Administración que nos escuche, siempre con el espíritu de colaboración que nos define y en línea con los objetivos de la ley: descongestionar las ciudades de coches, promover la movilidad compartida y recortar drásticamente las emisiones contaminantes.

Para cumplir con este objetivo, podemos decir que estamos preparados: el 73% de nuestra flota es sostenible y nos encaminamos a que ésta sea 100% eléctrica (para ello también necesitamos una red suficiente de infraestructuras de recarga). De hecho, nuestros turismos cumplen masivamente las normas de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que se aplicarán gradualmente en España, y que en 2023 afectará a 149 ciudades y a 25 millones de españoles. Todo un reto para el que, insisto, estamos preparados. Renovamos los coches cada nueve meses y, por eso, contamos con un parque limpio, nuevo y seguro.

Y no solo damos servicio a los turistas. También ayudamos a la movilidad de las personas que viven en nuestro país, a los negocios y a pequeños empresarios. Incluso, somos los mejores aliados para llegar a los sitios más recónditos de la España Vaciada. Territorios que padecen muchas veces la falta de infraestructura y servicios, y de los que no nos podemos olvidar. Habría que abordar de manera clara cómo garantizar el derecho a la movilidad sostenible en estas zonas más allá de declaraciones de buena voluntad de mejorar el transporte público.

Por otra parte, es importante que no se ahonde en la brecha digital en la Ley de Movilidad Sostenible en la que se asocia movilidad compartida con plataformas digitales. El sector del rent a car ha avanzado y sigue dando pasos en digitalización, pero no olvidemos que hay quiénes por decisión o por falta de habilidades digitales, precisan todavía de la necesidad de hablar con una persona física.

¿Acaso no es movilidad compartida si se realiza una reserva presencialmente? Por ello, no debemos dejar fuera a todos aquellos que no tienen capacidad o recursos para acceder a esta fórmula digitalmente ni promover aquellos transportes que sean únicamente digitales, tal y como define la ley.

Retos por delante

Muchos son los retos que afrontan las administraciones y también las ciudades, y en ellos todos los vehículos compartidos deben percibirse como un aliado, como parte de la solución. Las empresas de alquiler de vehículos cuentan con bases fijas de aparcamiento, que contribuyen a liberar espacio en favor del peatón, la bicicleta, el patinete o la movilidad verde en general. De acuerdo con la Comisión Europea, los coches permanecen aparcados el 92% del tiempo y circulando solo el 5%. La media de ocupación es de 1,5 personas por viaje.

Y además ayudamos a desincentivar el uso del vehículo privado. Lo asume la propia Ley de Movilidad Sostenible: "El reto climático y la salud exigen la adaptación del sistema de transporte hacia una movilidad limpia, menos vinculada a la utilización del vehículo privado". Nos guste o no, ahí están los retos medioambientales marcados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la agenda 2030 o la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo, que marca la senda decretada por la Comisión Europea para alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Para conseguirlo ponemos al servicio de estos objetivos nuestra flota de 100.000 vehículos. Damos un servicio sin límites físicos ni temporales, frente a otros modelos que se ciñen exclusivamente a las grandes ciudades. Antes de la pandemia, aportábamos al PIB más de 4.500 millones de euros y más de 25.000 empleos directos e indirectos.

Se puede decir más alto, pero no más claro. Nuestro compromiso con la movilidad sostenible es firme. Solo pedimos que nos identifiquen como lo que somos. Por eso animamos a todas las administraciones, empresas públicas y privadas, ciudadanía y asociaciones de toda índole relacionadas con la movilidad a reconocernos como movilidad compartida.

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