Opinion legal

Fraude fiscal y educación (3): percepciones del sistema tributario

Foto: Archivo

En nuestro artículo, Fraude fiscal y educación (1), concluíamos que la educación es la clave para que la sociedad asuma convencida la necesidad de un compromiso social y la naturaleza ética de no pocas obligaciones, como la de pagar impuestos. La educación, así entendida, es pues esencial, decíamos, para luchar contra el fraude. Es, por tanto, la primera y más importante inversión a realizar.

En nuestra última colaboración, Fraude fiscal y educación (2): las percepciones, decíamos que esa educación tejida en los valores esenciales de la convivencia cae en saco roto cuando la percepción que el ciudadano tiene no se corresponde con los valores que pretendemos transmitir. Y, para averiguarlo, analizamos objetivamente nuestro entorno social concluyendo la asimetría entre la realidad social en la que vivimos y la que debería ser la propia de una sociedad asentada en los valores esenciales de la convivencia.

En el artículo de hoy nos vamos a centrar en las percepciones sobre nuestro sistema tributario. Y en mi opinión, lo lamento, los resultados no son tampoco nada satisfactorios. 

La primera cuestión que hay que destacar es la falta de equidad entre las rentas del ahorro y el resto de rentas. De hecho, la dualización del IRPF es un fenómeno que poco a poco se va extendiendo. Sin embargo, sus razones son poco convincentes: si se incrementa la fiscalidad de las rentas del ahorro, se dice, se corre el riesgo de que el capital se refugie en otros países donde la tributación es menor. Cierto. Pero, para que ello ocurra, es imprescindible que se deslocalice no sólo el capital, sino su titular, esto es, que se produzca un cambio real de residencia fiscal del titular del capital. De lo contrario, se tributa en España por lo que se denomina la "renta mundial", esto es, por la totalidad de la renta que se obtenga con independencia del lugar en concreto en donde ésta se produzca. Desde esta perspectiva, lo importante no es la deslocalización del capital, sino la existencia de convenios de intercambio de información. Esta, y no otra, es la cuestión esencial. Sea como fuere, la abismal diferencia de tipos entre las rentas del ahorro y el resto de rentas es un ejemplo de la falta más absoluta de equidad, o, si se prefiere, de una inequidad desproporcionada, además de una penalización del resto de rentas, en concreto, de las del trabajo, que, por su mayor dificultad de movilización, se ven obligadas a soportar un gravamen desproporcionado. 

Cambiemos de tercio. Las Sicav (Sociedad de Inversión de Capital Variable). Nada que objetar como instrumento de ahorro colectivo; pero mucho que objetar por su utilización inadecuada por grandes patrimonios más allá de lo que la legislación permite. Y es cierto que, poco a poco, se han introducido cambios legislativos con la finalidad de desincentivar fiscalmente su utilización. Pero también es cierto, no lo olvidemos, que en su día se puso coto, o mejor, dificultades, a que la Aeat (Agencia Española de Administración Tributaria) pudiera investigar tales estructuras.

Otro fenómeno no menor es el progresivo aumento en importancia relativa de los impuestos indirectos respecto a los directos. La razón no es otra que la imposición directa ha tocado ya su techo. En este contexto, en lugar de optar por reducir el gasto público, se opta exclusivamente por incrementar los impuestos, entre otros, el IVA. De esta forma, el sistema tributario pierde en progresividad y grava en mayor medida a las clases medias que, poco a poco, se van empobreciendo. 

Aumentar el IVA es para algunos la única opción. Para nosotros, no, al menos, sin reducir antes el gasto público. Lo prioritario, en nuestra opinión, es optimizar la gestión del gasto, evitar duplicidades, erradicar lo superfluo y adecuar las estructuras a nuestras verdaderas necesidades. Una vez hecho esto, podremos conocer qué coste es el que hay que sufragar y cómo financiarlo. Acudir a la vía de los ingresos sin una auditoría previa y sin reducir el gasto es, sin más, una irresponsabilidad política.

Pero no nos engañemos. La paulatina pérdida de progresividad no sólo es consecuencia del aumento del IVA, sino de la propia estructura de los impuestos directos. En efecto; el Impuesto sobre Sociedades es un impuesto proporcional. En el IRPF, la progresividad sólo es una realidad para las rentas que no son del ahorro. Y la fiscalidad de la riqueza, digámoslo claro, es hoy prácticamente inexistente.

Otro problema, resuelto parcialmente en la reciente reforma fiscal, es la baja tributación efectiva en el Impuesto sobre Sociedades de las grandes empresas con relación a las de reducida dimensión; circunstancia que se agrava, si cabe, con los fenómenos de deslocalización de bases imponibles a países con menor tributación.

Tales situaciones contribuyen, sin duda, a la percepción de que nuestro sistema tributario es injusto. Y todo sistema tributario que así se percibe, contribuye a una percepción de inequitativa distribución de la carga tributaria y, por tanto, al convencimiento de una aportación desproporcionadamente desigual en la necesaria contribución a sufragar el gasto público. 

Es, sin más, un sistema propio de una sociedad cuyos cimientos no se asientan en valores como el compromiso, el sacrificio, la ejemplaridad, el respeto, la honestidad, la igualdad, la solidaridad y otros muchos. Es, en definitiva, un ejemplo más delos efectos secundarios de una sociedad con graves déficits educativos. Y en este contexto, la educación, una vez más, es la prioridad.

Por Antonio Durán-Sindreu Buxadé. Profesor de la UPF y socio director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

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