Uno de los lugares más comunes en estos días de incipiente salida de esta crisis tan común y tan nuestra ha sido la idea repetida como un mantra de que Iberoamérica puede constituir el escenario perfecto, la perfecta oportunidad de negocio para nuestras empresas.
A nadie se le oculta que quizá el elemento más determinante que impulsa a las empresas a asumir riesgos comerciales es, precisamente, el que no se tengan que asumir, además, riesgos ambientales. Un exceso de burocracia, dificultades de establecimiento o un inseguro sistema jurídico pueden llegar a ser determinantes para tomar la decisión de renunciar a una nueva aventura económica.
Afortunadamente tanto en España cuanto en Hispanoamérica la seguridad jurídica preventiva representada por la función notarial supone que nos encontramos con sistemas y estructuras jurídicas análogos que, por una parte, simplifican enormemente la comprensión de los mecanismos garantistas, y por otro permiten armonizar los requisitos que los elementos foráneos deben cumplir para que la acción comercial no naufrague en marejadas burocráticas.
Podríamos hablar de muchísimos aspectos sobre la seguridad jurídica preventiva transfronteriza entre España e Iberoamérica, pero en este breve artículo vamos a centrarnos exclusivamente en tres necesidades que desde el punto de vista documental tienen que ser reforzadas.
En primer lugar, el reforzamiento de la seguridad "mecánica" de los documentos públicos. Que va a conseguirse con el denominado Sello Notarial de Seguridad, una nueva herramienta que deberá ser incorporada a todos los documentos públicos que puedan o deban surtir efectos en el extranjero y que permitirá verificar no sólo que se trata de un documento público notarial, dado que sólo los notarios dispondrán de él para identificar sus documentos, sino qué notario ha sido el autorizante al disponer de un código informático fácilmente verificable desde cualquier móvil, y que identificará tanto al notario cuanto a sus datos personales haciendo que el documento público devenga prácticamente en infalsificable.
En segundo lugar, la verificabilidad de los documentos públicos constituye desde hace un año una realidad. Dan fe de ello los más de 150.000 documentos notariales que se encuentran ya colgados en la web para Apostillas del Ministerio de Justicia y que permite, mediante un simple CSV (Código Seguro de Verificación) comprobar desde cualquier parte del mundo que el documento apostillado se corresponde con el documento que se encuentra físicamente en poder de la persona -pública o privada, física o jurídica- a la que se encuentra destinado el documento en cuestión.
Y por último, constituye una necesidad en este momento inaplazable que los documentos públicos españoles hacia Iberoamérica, o viceversa, puedan viajar por Internet con la utilización de la firma electrónica reconocida de las autoridades públicas.
El marco de desarrollo de este proyecto exige cumplir con tres requisitos de fácil implementación técnica pero de costoso desarrollo legislativo.
El primero es disponer de firma electrónica reconocida que permita comunicar documentos públicos entre autoridades de forma que la autoridad receptora pueda dar fe de que lo que se recibe emana de una autoridad pública y cumple, por tanto, con el principio de legalidad y de fehaciencia.
El segundo pasa por contar con un canal seguro de comunicación que garantice la confidencialidad entre autoridades al tiempo que verifica la autoridad de destino.
Y por último, disponer de una plataforma plurinacional que permita verificar la autenticidad de las firmas electrónicas que autoricen el documento. Tanto la de la autoridad administrativa, judicial o notarial que lo han emitido cuando la de la autoridad notarial que ha colocado la Apostilla.
Con esta herramienta no sólo garantizaremos el intercambio inmediato de documentos públicos, sino que al ser destinatarios de los mismos necesariamente otra autoridad notarial en el país de destino, quedarán resueltos la mayor parte de los problemas en orden a la suficiente legitimación para el acto, apoderamiento o contrato que se pretende comunicar y hacer valer en el país de destino.
Creemos que la jornada sobre la Seguridad de las inversiones en Iberoamérica, que inauguramos ayer en la Secretaría General Iberoamericana, constituirá un buen escaparate para examinar éstas y otras muchas cuestiones.
Por César Belda Casanova. Decano del Colegio Notarial de Valencia. Responsable de Nuevas Tecnologías del Consejo General del Notariado Español.