Opinion legal

Las viviendas desocupadas

  • Un registro permitiría un control más fiable de las viviendas
  • La Administración debe mejorar la actuación contra el fraude
Foto: Archivo

Muchas de las personas que necesitan una vivienda con urgencia podrían beneficiarse de las miles de viviendas públicas que actualmente se encuentra vacías y disponibles para su uso. Se incluyen como viviendas protegidas vacías las vacantes que estén disponibles y las abandonadas que no estén en estado ruinoso. No pueden ser consideradas vacías las ocupadas ilegalmente por no estar disponibles mientras las personas que las ocupan no sean desalojadas.

Estudios realizados con datos de diversas consejerías y organismos de viviendas de las distintas comunidades autónomas, han dado a conocer que hoy en día existe en torno a 10.000 viviendas de protección desocupadas y disponibles, todas ellas en manos de las comunidades autónomas.

En un momento como el actual, en el que hay más de 300.000 personas inscritas como solicitantes de vivienda protegida, es necesario acometer reformas en las Administraciones de manera que se pueda corregir este desajuste en el más breve plazo posible. Una de las muchas modificaciones o mejoras que debería plantearse la Administración es la implantación de registros o bases de datos de vivienda protegida, a la vez de mejorar los ya existentes. En estos registros deben constar inscritos todas las promociones de vivienda protegida, ya hablemos de promoción privada como de promoción pública.

La existencia de un registro como el mencionado anteriormente, permitiría un control más fiable del número y situación de las viviendas protegidas de las comunidades autónomas.

En este registro sería imprescindible contar con los datos de ubicación de la vivienda, modalidad de la promoción, superficie, datos del Registro de la Propiedad y referencia catastral, modo de acceso, etc.

Además de contener todos los datos sobre la vivienda, sería imprescindible que contara igualmente con los datos de los solicitantes de vivienda de protección oficial, sus preferencias, ingresos, etc., con la finalidad de conocer de una forma fiable las necesidades de vivienda y las posibilidades reales de acceder a ella.

De este modo, la Administración en general, sería capaz de cruzar los datos reales y actualizados de necesidad de vivienda protegida, procedentes de su gestión administrativa, con la oferta pública de vivienda protegida y con la oferta pública de suelo, promoción y edificación, y sus recursos presupuestarios y financieros.

La colaboración entre las Administraciones es algo fundamental, si existe un cruce de datos entre las comunidades autónomas, Ayuntamientos y Servicios Sociales, la calidad de la gestión crecería exponencialmente, debido a que estos últimos conocen infinitamente mejor la situación real de las personas que demandan una vivienda de protección pública.

En el caso de que las comunidades autónomas o los Ayuntamientos no contaran con los medios necesarios para la gestión de la adjudicación de las viviendas protegidas, sería recomendable utilizar la fórmula de encomienda de gestión, de modo que, sin cesión de titularidad de la competencia ni de la propiedad de los inmuebles, las funciones materiales y técnicas puedan ser realizadas por otros órganos o entidades más eficaces.

Otro punto capital a la hora de mejorar la gestión general de las viviendas protegidas, es el tema de la inspección. La Administración autonómica debe implantar o mejorar la actuación contra el fraude mediante la inspección. Se debe implantar un servicio de inspección y control de la vivienda protegida dotado de suficientes medios técnicos y personales. Las inspecciones deben realizarse de oficio y no sólo tras la denuncia de un particular. El sistema de sanción de la infracción debe contar con respuestas eficaces y proporcionadas, en unos casos con la imposición de multas y en otros llegando incluso a la expropiación de la vivienda.

Las inspecciones no deben tan sólo alcanzar a las viviendas protegidas de promoción pública, sino también a las de promoción privada.

Un ejemplo claro de inspección y de buena gestión entre Administraciones se daría en los casos del desconocimiento por parte de la entidad gestora del fallecimiento de un titular de una vivienda protegida, este problema se subsanaría mediante el cruce de datos con el Registro Civil.

Por último hacer hincapié, en algo tan capital, como es facilitar la ocupación de viviendas vacías, mediante la recalificación de las calificadas para venta, al régimen de alquiler y reconocer las subvenciones por tal régimen; fomentar el arrendamiento con opción a compra mediante el ejercicio gratuito de la opción; y facilitar a los solicitantes la tramitación necesaria de los procedimientos de adjudicación de vivienda protegida. De este modo además de ganar en calidad de gestión y conseguir un reparto equitativo de la vivienda protegida, alcanzaríamos la finalidad para la cual se promueven este tipo de viviendas que no es otro que dotar de un derecho fundamental a las capas de la población más necesitadas.

Por Fernando Acedo Rico-Henning. Registrador de la Propiedades. Decano de Castilla-La Mancha del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Civil y consejero de la Revista Derecho Urbanístico.

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