Estamos viviendo actualmente un debate político sobre la forma más apta de afrontar la crisis sanitaria causada por el Covid-19 a nivel mundial. El Gobierno español encuentra ya dificultades en los partidos de la oposición para continuar extendiendo el Estado de Alarma, con el fin de implementar sus planes hacia la "nueva normalidad".
El debate parece estar en la política y en una discusión técnico-jurídica sobre la aplicabilidad del Estado de Alarma a la situación actual o la existencia de otras figuras menos restrictivas de los derechos de las personas que permitan, no obstante, seguir aplicando medidas para retener el contagio y preservar el funcionamiento de nuestro sistema sanitario.
"Se ha generado en la población un estado de miedo donde estamos aceptando sin la más mínima protesta que se restrinjan nuestros derechos sin límite alguno"
Y digo que la discusión está en la política, porque socialmente se ha implantado el miedo. Se ha generado en la población un estado de miedo donde estamos aceptando sin la más mínima protesta que se restrinjan nuestros derechos sin límite alguno.
El confinamiento que se ha dictado está descrito en el diccionario como una pena que castiga la comisión de delitos y es un principio de la democracia que sólo un juez puede imponernos una pena después de haber disfrutado del adecuado derecho a la defensa.
Pero nos han metido el miedo en el cuerpo de tal forma que no existe debate social ninguno sobre el hecho de que el Gobierno lleve el Estado de Alarma al límite y utilice una medida pensada para el castigo, erigiéndose en juez y jurado.
Según el neuropsiquiatra Gerald Hüther, el miedo se desencadena en una situación de peligro, es decir, siempre que en el mundo externo, necesario para la supervivencia, aparecen cambios que amenazan la vida.
Pero esta reacción de supervivencia, de adaptación al medio, tiene consecuencias negativas, que conducen a enfermedades mentales y físicas e incluso a la muerte, si es una situación duradera a la que no encontramos solución.
Los antecedentes de dejar actuar a un gobierno ante una población en estado de miedo no son buenos. El terror de Robespierre y los suyos durante la Revolución Francesa llevó, nada más y nada menos, que a un año de asesinatos y a una dictadura absoluta al amparo de una legalidad apoyada en el miedo que sufría la población a los ataques de otras potencias europeas y a la hambruna.
"Si esta "nueva normalidad" se usa para atacar los fundamentos del Estado, restringiendo los derechos de los ciudadanos, la situación podría derivar en resultados no deseados"
No fue el único caso; la historia nos recuerda otros ejemplos que llevaron a dictaduras y a la sustracción de los derechos más fundamentales a los ciudadanos. Si nuestro estado democrático y social de derecho, representado por todos los ciudadanos, continúa en una situación prolongada de miedo, corremos el peligro de aniquilar los principios de nuestra democracia, representados en nuestro caso en los derechos fundamentales de la Constitución, un catálogo básico y esencial de sentido común para el mantenimiento de nuestro modo de vida.
Sólo una correcta percepción del miedo, asumiendo y respetando la superioridad de la fuerza de la naturaleza frente a nuestro intelecto y nuestra creencia de que podemos abusar de ella, hará que la "nueva normalidad" sea mejor que la anterior.
Pero si esta "nueva normalidad" se usa para atacar los fundamentos del Estado, restringiendo los derechos de los ciudadanos, la situación podría derivar en resultados no deseados, como los que nos enseña la historia pasada y reciente.
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