Estamos viviendo el estado de alarma más largo de la historia de España y las bajadas más drásticas del IBEX-35: las empresas se enfrentan a momentos difíciles. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que la economía global sufrirá una recesión a los niveles de 2009 y una bajada significativa del PIB para 2020. Algunas empresas han sufrido roturas en las cadenas de producción, suministro y distribución, a las que se añaden problemas de liquidez. Lo que parecía ser un problema geográficamente muy lejano ha irrumpido en España con fuerza, posicionándonos como uno de los países más afectados por esta pandemia.
La proactividad de las empresas y la diligencia de sus órganos de administración serán determinantes para hacer frente a la situación a la que deberán enfrentarse. Algunas de las modificaciones introducidas por los Gobiernos son temporales y se eliminarán cuando la situación se estabilice; sin embargo, los órganos de administración deben ser conscientes de que la situación que hemos vivido originará cambios en las formas de operar de las compañías. Por ello, vamos a analizar los principales retos que afrontan los órganos de administración de las empresas.
En cuanto al seguimiento y toma de decisiones, las reuniones virtuales deben ser consideradas para mantener una respuesta activa a la situación; las juntas no presenciales y los sistemas de voto electrónico van a verse incrementados exponencialmente en los próximos años. Mantenerse al día de las modificaciones legislativas será crucial para tomar decisiones.
Desde una perspectiva comercial, se debe analizar el mercado, el estado de los proveedores y el de los competidores, así como también fijar estrategias con el fin de poder reaccionar. Coordinar estrategias con los clientes y proveedores será importante. Mantener a los consumidores de los servicios o productos informados de los posibles problemas que puedan sufrir las empresas en la entrega de productos o en la prestación de servicios evitará reclamaciones por parte de los consumidores y el empeoramiento de la imagen y marca de la empresa. Asimismo, las cuentas y los balances de la sociedad tendrán que ser revisados con el fin de detectar lo antes posible los indicios de la falta de solvencia, para llevar a cabo actuaciones con las que mitigar sus efectos. Las políticas de distribución, ya sean propias o a través de distribuidores o de agentes, deberán ser revisadas.
En cuanto al aspecto organizativo interno y laboral, los órganos de administración deberán coordinarse con los equipos legales y de recursos humanos para garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable y adoptar las medidas adecuadas para la subsistencia de la empresa. Deberán establecer un plan de continuidad que recoja las políticas de teletrabajo para empleados y personal de dirección, así como reforzar la seguridad informática y los procesos de facturación para asegurar que no haya problemas serios que afecten a la continuidad de la empresa. Todo ello con el fin de permitir a la sociedad el mantenimiento de la productividad y la estabilidad de sus empleados.
En el ámbito contractual, la revisión de los principales contratos (arrendamientos, suministros, distribuidores, seguros...) y de los supuestos calificados como fuerza mayor será importante. La posibilidad de dejar de cumplir obligaciones o de poder mantener el derecho a exigirlas afectará a la situación económica de la empresa y su liquidez. El escenario que nos rodea ha de tenerse en cuenta a la hora de redactar los nuevos contratos que regulen relaciones con clientes y proveedores, de tal modo que, de aquí en adelante, las posibilidades de que los negocios se vean afectados por el efecto de la actual pandemia, o de otras posteriores, quede recogido en los contratos.
En el contexto de las operaciones de M&A, los órganos de administración deberán regular especialmente las cláusulas de Material Adverse Effect ("MAE") y también revisar las operaciones ya realizadas. Las excepciones reguladas en estas cláusulas suelen estar sujetas a un "efecto negativo desproporcionado", lo que podrá tener importantes implicaciones en las operaciones de compra de acciones o de activos. Se prestará atención, entre otros aspectos, a la comparativa del afectado frente a otras compañías similares y a la valoración del efecto negativo desproporcionado en el negocio o en los activos y cómo se ha regulado esto en el contrato.
Para las operaciones en fase de negociación, las cláusulas MAE deberán redactarse con rigor y precisión, aprendiendo de la realidad vivida.
Las cuestiones relativas a los procesos de due diligence serán determinantes a la hora de intentar prevenir los efectos del COVID-19. Averiguar los cambios que las compañías objeto de valoración han realizado para normalizar sus operaciones afectadas por el COVID-19, así como las precauciones establecidas por las compañías que se pretenden comprar, podrán generar una ventaja estratégica. También tendremos que conocer el estado actual de la empresa, la capacidad para realizar teletrabajo y la respuesta que sus sistemas informáticos han proporcionado en este tiempo. Conocer los retrasos e interrupciones que las compañías han sufrido en sus cadenas de suministro, producción y distribución también será importante para saber si la empresa es capaz de hacer llegar a sus consumidores los productos y para prevenir posibles contingencias.
La manera de realizar negocios va a cambiar y ahora es el momento de prepararse. Si bien los indicadores nos auguran una recesión, no quiere decir que sea inevitable ni que afecte a todos por igual. Una actuación a tiempo, medidas de contención y aseguramiento serán la clave para evitar, o por lo menos mitigar, los efectos del COVID-19 en nuestra empresa y, en parte, será responsabilidad de los órganos de administración tomar las medidas que puedan proteger a la empresa en concreto y, de forma indirecta, a los proveedores y clientes con los que trabajen, lo que generará un impacto positivo en su cadena de producción y, por tanto, en su negocio.
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