A tan sólo ocho meses de distancia de la anterior, parece que el Ejecutivo tiene prevista una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional para el próximo 2020. Una potencial nueva medida que planea ejecutar contra viento y marea; esto es, a pesar de las nuevas elecciones y de que el Ejecutivo siga en funciones al menos hasta entonces.
Pero dejando a un lado el contexto político, sin duda necesario conocer para augurar la prosperidad y "esperanza de vida" de cualquier medida, la verdadera pregunta reside en: ¿cómo afectaría una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a las empresas?
En esta ocasión el Ejecutivo planearía subir el SMI, en un primer momento, a 1.000 euros mensuales, lo que se traduce en un coste para las empresas de 100 euros mensuales más respecto a 2019 que el Ejecutivo planearía incrementar hasta 200 euros más a lo largo de 2020. Con ello, finalmente, el nuevo Salario Mínimo Interprofesional del año 2020 alcanzaría los 1.200 euros mensuales.
Hablaríamos pues de una nueva subida que, inicialmente, rondaría aproximadamente el 11% y que, más adelante, experimentaría otra subida más (aún no sabemos si de golpe o paulatinamente) de en torno a un 20%, lo que, en total, supondría un coste para las empresas de aproximadamente 300 euros mensuales más que en 2019.
El incremento del SMI por encima del nivel de productividad puede conllevar que las empresas no vean amortizados los costes empresariales
Y aun cuando todavía es demasiado pronto para hablar en firme de esta potencial nueva medida, así como de los porcentajes y cifras resultantes que vendrían a darle forma, lo cierto es que de lo que no cabe ninguna duda es que el incremento del SMI por encima del nivel de productividad puede conllevar que las empresas no vean amortizados los costes empresariales en los que, mensualmente, han de incurrir para con sus trabajadores en términos salariales y de Seguridad Social y que, en última instancia, no les quede otra opción más que la de (i) congelar la contratación y/o (ii) prescindir de los servicios de determinados trabajadores ya en plantilla.
En efecto, un nuevo incremento salarial, según los expertos, sólo puede significar una cosa: la ralentización en la creación de empleo; lo que en mayor medida se daría en las pequeñas y medianas empresas (pymes) que, recordemos, representan la mayor parte del tejido empresarial en España. Y, dado lo anterior, sumado a un contexto y marco laboral donde, según estudios recientes, la destrucción de empleo registrada el pasado agosto ha arrojado el peor resultado desde 2008, no es de extrañar que esta potencial nueva medida no vaya a ser acogida con los brazos abiertos.
Y es que, más allá de que esta sea una buena senda, quizás el seguir incrementando los costes empresariales en términos salariales y de Seguridad Social con el tejido empresarial y el contexto laboral en el que nos encontramos, así como sin un margen temporal razonable de adaptación empresarial, no sea tan buena idea, pues ello podría acarrear una nueva congelación de la tasa de empleabilidad y una mayor destrucción de empleo que ¿podemos permitirnos?
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