La semana pasada Theresa May anunciaba la participación de Reino Unido en las elecciones al Parlamento Europeo, evitándose así que se produjese un Brexit duro que habría tenido consecuencias muy negativas, tanto para Reino Unido como para la Unión Europea. Sin embargo, esta misma semana anunciaba que someterá el acuerdo a una nueva votación, la cuarta, en el Parlamento Británico durante la primera semana de junio que, en caso de ser aprobada, permitiría que los europarlamentarios británicos elegidos no tomasen posesión de sus cargos. Esta opción pierde mucho peso tras las declaraciones de Corbyn, dando por rotas las negociaciones.
Curiosamente, las elecciones al Parlamento Europeo parecen haberse convertido en un hito relevante para el Gobierno británico, en las que, según las encuestas, el voto podría dividirse en tres posturas: los brexiteers, a favor de una salida más dura, los partidarios de unas nuevas elecciones y el resto. De este modo, si se pone de manifiesto que un 60% del electorado no es favorable al acuerdo de May (unos porque es blando y otros porque no quieren el Brexit), sería difícil que el Parlamento decida aprobarlo. Más teniendo en cuenta la ruptura de las negociaciones entre laboristas y conservadores.
Las cuestiones que han generado un mayor desacuerdo entre ambos partidos han estado relacionadas con el futuro acuerdo con la Unión Europea y la dificultad para restringir los términos de la futura estrategia negociadora del gobierno. Este Brexit ciego ha creado una brecha de confianza entre ambos, haciendo difícil para los laboristas apoyar la primera fase (el acuerdo de salida) sin tener garantizada su influencia en la segunda (la futura relación con la Unión Europea).
De este modo, de entre los posibles escenarios que se abren, resulta poco probable que May consiga la aprobación de su acuerdo en junio. En contraste, gana peso un posible cambio de liderazgo en el partido conservador, con consecuencias difíciles de prever. Se mantiene así una altísima incertidumbre sobre el resultado de las negociaciones, sin poder descartarse la celebración de un segundo referéndum, la convocatoria de elecciones generales, una salida sin acuerdo o, incluso, la revocación del Artículo 50.
Urge prepararse para una posible falta de validez de autorizaciones y licencias de actividad
Ante esta incertidumbre, los mensajes institucionales sobre la necesidad de prepararse siguen siendo unánimes, y las empresas parecen cada vez más concienciadas al respecto.
En este sentido, la tercera edición del informe La empresa española ante el Brexit, realizado por KPMG en colaboración con CEOE, muestra cómo 9 de cada 10 de las empresas encuestadas consideran necesario prepararse ante el Brexit, un porcentaje muy superior al 64% de la pasada edición. Sin embargo, solo la mitad de las empresas que consideran necesario prepararse lo han hecho ya con algún plan de contingencia; el resto aún no se ha preparado, aunque cuentan con unos meses para poder hacerlo gracias a la prórroga aprobada por el Consejo Europeo hasta finales de octubre.
Y esa preparación dependerá de los principales ámbitos de impacto aunque, por la experiencia acumulada, destacan los siguientes.
Desde la perspectiva legal y regulatoria, es necesario prepararse ante la falta de reconocimiento de autorizaciones y licencias de actividad, las cuestiones relativas a la protección de propiedad intelectual o a la transferencia de datos personales, la posible introducción de medidas sanitarias y fitosanitarias al comercio, así como los impactos sobre los contratos en vigor con contrapartes británicas y su posible renegociación.
Que el 60% del electorado no sea favorable al acuerdo de May complica su aprobación
En materia aduanera es aconsejable el diseño de una adecuada estrategia, valorando el acogimiento a regímenes de tráfico de perfeccionamiento o suspensivos de IVA o la obtención del estatuto de Operador Económico Autorizado, para minimizar el impacto de posibles aranceles y otras barreras vinculadas a las formalidades logísticas, aduaneras y para-aduaneras.
En cuestiones vinculadas a la cadena de suministro, conviene identificar a los proveedores críticos y operadores logísticos y evaluar las medidas que estos han tomado para minimizar los potenciales impactos.
En el ámbito fiscal, es recomendable analizar las implicaciones fiscales en las estructuras societarias de posibles relocalizaciones, antes de decidir la nueva localización.
Desde el punto de vista financiero, conviene prepararse para posibles tensiones de liquidez asociadas a retrasos en los pagos, caídas de ingresos por ventas o a la volatilidad cambiaria.
Finalmente, conviene analizar el posible impacto sobre el talento, especialmente en aquellas posiciones clave, y diseñar un programa de comunicación y asesoramiento continuado sobre las implicaciones del Brexit en sus condiciones laborales.
En definitiva, el Brexit se ha convertido claramente en un paradigma más de la nueva "normalidad" en la geopolítica global, por lo que las empresas y sus CEO deben adecuarse a esta nueva situación de incertidumbre y reaccionar, si no quieren verse abocados a una parálisis que ponga en peligro el futuro de su negocio.