En mi artículo del pasado 22 de febrero señalaba que los Gobiernos británico y español harían lo posible para que el Brexit no afectara al turismo, el primero porque se suicidaría dificultando la migración anual en busca del sol de los isleños y el segundo porque está obligado a abrir las puertas de par en par ya que de la islas proceden más del 20 por ciento de los ingresos por turismo.
Efectivamente, este viernes 2 de marzo el Consejo de Ministros ha aprobado sendos decretos de gran importancia para este objetivo. El primero garantiza el mantenimiento de las prestaciones sanitarias gratuitas a los turistas británicos en caso de que el Brexit se lleve a cabo y el segundo facilita la obtención de la residencia española a los que viven aquí sin haber llevado a cabo ese trámite.
La calidad de nuestra sanidad es una de nuestras grandes ventajas competitivas en ese mercado, mientras que la posible residencia es un atractivo importante para los cientos de miles de británicos que efectivamente residen aquí, unos 800.000, pero no figuran en los registros -solo 250.000 están oficialmente inscritos en los consulados británicos-. Ambas medidas favorecen no solo el turismo tradicional, sino también el mercado inmobiliario en la costa y en la islas, donde, otra vez, los británicos son los primeros propietarios extranjeros, con cerca de 800.000 unidades entre propiedad tradicional, tiempo compartido y fórmulas similares.
El frente británico queda así mucho más protegido, lo que permite prestar más atención al alemán, en el que se están generando dificultades.
