Autobuses, metros, trenes de cercanías, coches compartidos, bicicletas, patinetes y un largo etcétera. Las posibilidades de desplazarse por los centros de las ciudades no dejan de incrementarse, justo al mismo tiempo que cada vez más capitales están restringiendo el acceso a los vehículos privados a sus almendras centrales.
Y es que el futuro de las urbes pasa por reconvertir los modelos de movilidad, logrando un cambio modal que elimine paulatinamente la contaminación y permita realizar una transición hacia un escenario de emisiones cero en los corazones urbanos antes de 2030. Es decir, muchos menos coches.
Pero el futuro no está escrito, debemos hacerlo entre todos. Y esta Semana Europea de la Movilidad, en la que el mensaje principal residirá en la necesidad de combinar transportes sostenibles -con el lema ¡Combina y muévete!-, es un óptimo momento para insistir en esta ola imparable que es la lucha por mejorar la calidad de vida en las ciudades. Para ello, es necesario articular políticas sostenibles sin caer en la demagogia ni en argumentos simplones.
Así, resulta imprescindible rebajar el número de automóviles en circulación, para lo que es fundamental apostar de forma decidida por medios de transporte colectivo, sostenibles, fiables, accesibles y fáciles de usar. De hecho, Madrid y Barcelona se encuentran entre las ciudades que más han reducido sus niveles de contaminación, en gran parte, debido a las medidas que han implementado en torno a las restricciones al tráfico privado, lo que por otra parte ha servido para esquivar una multa con la que nos amenazaron desde Bruselas.
Y esa apuesta, al mismo tiempo, aliviaría las consecuencias tan nocivas que provocan las congestiones de tráfico, que al margen de degradar la calidad de vida de las personas, le cuestan a España unos 5.500 millones al año.
Asimismo, serviría como filtro para limpiar el sucio aire de las ciudades, que cada año causa la muerte de siete millones de personas, de acuerdo al último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este sentido, el tráfico rodado origina el 50 por ciento de las emisiones contaminantes en los centros urbanos y, de ellas, más del 90 por ciento corresponde al tránsito de coches.
Sin embargo, y pese a que los vehículos particulares permanecen el 90 por ciento de su vida útil estacionados, más del 80 por ciento del espacio público está destinado a ellos. Un sinsentido que tiene los días contados, máxime después de que en los centros de ciudades como Madrid o Zaragoza, entre otras, se vaya a empezar a limitar el tráfico de los coches privados.
Pero estas restricciones no deben paralizar a nadie. Cada vez hay más alternativas pero todas ellas requieren una apuesta decidida, tanto el transporte público urbano y metropolitano como aquellas fórmulas de movilidad sostenible, como la bicicleta o el carsharing por citar las que más están creciendo.
En el caso del transporte público, si los autobuses, metros o trenes de cercanías ofrecieran un todavía mayor nivel de servicio, se calcula que más de tres millones de españoles podrían empezar a usarlos. Es decir, potenciar el sistema multiplicaría, aproximadamente, por 20 el crecimiento de los usuarios.
Y eso sin contar las más de 300.000 personas -gracias exclusivamente a los cada vez más extendidos servicios de alquiler de bicicletas- que diariamente se desplazan por las principales ciudades a golpe de pedal.
Las autoridades públicas están decididas a que los ciudadanos reconsideren el modo en que plantean sus viajes para conseguir, entre todos, una movilidad sostenible. La dirección a seguir está marcada. Pero cada uno de los actores implicados no puede optar por un trayecto distinto. Así pues, si el problema de la contaminación y la lucha contra el cambio climático es una cuestión de Estado, ¿por qué no lo es la solución? Es decir el transporte urbano y metropolitano.
Una pregunta que encontraría respuesta en el desarrollo de un Plan Nacional de Movilidad Urbana que sentara las bases de la movilidad sostenible en las ciudades españolas, la aúpe a cuestión de Estado, a pesar de que la gestión de la movilidad y del transporte público sea competencia de los ayuntamientos. De esta manera se ofrecería la misma dimensión al problema de la contaminación y de la congestión de tráfico que a su solución.
Su promoción, pues, no puede quedar en un simple eslogan ni en la celebración de una Semana cargada de actividades y actos de concienciación. Otra movilidad más sostenible resulta posible. Y nos conviene. Y el actor irrefutable para alcanzar este objetivo es el transporte público, que tras la educación, la sanidad y las políticas sociales, constituye el cuarto pilar del Estado del Bienestar. Un bien básico, un servicio elemental, sobre el que cimentar una sociedad más justa, igualitaria y, por supuesto, sostenible.
