A nticiparse al impacto de los cambios en el entorno es requisito del buen gobierno. En el ámbito de la sanidad pública, ello significa hoy, muy principalmente, velar por su sostenibilidad y mejora en una etapa histórica en que los avances tecnológicos y las tendencias demográficas occidentales, especialmente europeas, y más concretamente españolas, se empeñan en pintar el alarmante cuadro de una tormenta perfecta.
Tendremos que seguir cuidando de una población cuya esperanza de vida, afortunadamente, sigue aumentando. Tendremos que seguir incorporando innovaciones que mejorarán nuestra vida y nuestra capacidad de previsión, las más prometedoras de ellas - pero también las más disruptivas- vinculadas a la automatización y al big data, sector llamado a jugar un papel clave en la sanidad pública. Y todo eso habrá que hacerlo con recursos procedentes de una recaudación fiscal que se apoya básicamente en la gran clase media trabajadora: muchos millones de españoles que estarán sometidos durante las próximas décadas a cambios drásticos en el mundo del trabajo. La colaboración público privada no solo la aconsejan las instituciones europeas como forma de facilitar la sostenibilidad de los servicios de titularidad pública. También constituye, en el ámbito sanitario, una práctica garantista de eficacia y eficiencia demostrada en algunas de las economías europeas más desarrolladas: Suecia y Noruega, Dinamarca y Finlandia, o el Reino Unido, cuya atención primaria fue pionera en PPP (Public Private Partnership). De forma más general, y abriendo el foco al conjunto de economías occidentales, todos los países citados, más Holanda, Alemania, Francia, Canadá o Italia, dedican mayor proporción del PIB que nosotros a las contrataciones de bienes y servicios al sector privado.
Trescientos hospitales europeos siguen el modelo de colaboración público privada. En España, el modelo de conciertos está arraigado en la práctica totalidad de nuestro territorio. También cubre las necesidades de más del 80 por ciento de los funcionarios, que tienen la posibilidad de escoger entre sanidad de titularidad pública provista por el sector público, o sanidad de titularidad pública provista vía colaboración público privada.
Frente a formas de colaboración como la aplicada en la Comunidad de Madrid, donde aquella se restringió a la prestación de servicios no asistenciales ligados a la concesión a empresas privadas de la construcción de hospitales, el modelo valenciano supuso la introducción de un nuevo concepto. Un concepto integral. Además de proveer la infraestructura, la colaboración público privada se extendió al conjunto de las prestaciones sanitarias. El modelo se acompaña de la financiación por pago capitativo. La particularidad de este esquema radica -y esto es importante- en que no se financia la actividad que se realiza sino la salud de la población cubierta. Tiene su origen en el informe de Fernando Abril Martorell, aprobado por unanimidad en el Congreso a principios de la década de los noventa del siglo pasado.
Cataluña ya se había adelantado a esta diferenciación entre financiación del servicio y provisión del mismo. A partir de ahí, el marco jurídico de todo nuestro modelo de concesión administrativa sanitaria, refrendado por el Tribunal Constitucional, lo establecería la Ley 15/97. Dentro de estas coordenadas, ha sido la Comunidad Valenciana la que más ha avanzado por la senda de la colaboración público privada en el sector sanitario.
El debate sobre las vertientes técnicas y políticas de la PPP en el sector sanitario no es solo lícito; es conveniente y oportuno, pues es justamente ahora cuando los analistas han tomando conciencia a nivel planetario de los grandes desafíos que las transformaciones tecnológicas y demográficas nos plantean. La voluntad de mantener un Estado del Bienestar robusto en las naciones que ya gozan de él, mejorándolo en lo posible, es casi unánime. Y eso es una buena noticia. Las discrepancias aparecen cuando se plantean las preguntas clave: ¿Cómo lo mantendremos, cómo lo haremos sostenible? La respuesta no es sencilla, ni es una sola. Pero, indefectiblemente, una de las soluciones que aparece dentro del ramillete propuesto por especialistas, think tanks y académicos se llama PPP: colaboración público privada.
Discútase cuanto sea menester, pero con argumentos factuales y mensurables. Ideologizar el debate mediante la imposición de dogmas o posiciones cerradas de partida, impermeables a la evidencia, no aportará más que dilaciones. Y eso en el mejor de los casos. En el peor, estaremos condenados a la insensata pérdida de un tren de eficiencia y seguridad jurídica, de aprendizaje y experiencia acumulados que ya estaba en marcha, en el que ya viajábamos, y que había contribuido a alcanzar la velocidad y la previsibilidad propias de uno de los mejores sistemas de sanidad pública del mundo. Con doble mérito: estando por debajo de la media en la cuota de PIB que nuestro entorno consagra a este gran proveedor de salud, igualdad, dignidad y paz social.
