Los virus informáticos ransomware, capaces de encriptar archivos de modo que veden el acceso a sus propietarios, son viejos conocidos de los expertos en ciberseguridad.
Siempre han constituido un recurso barato y fácil a la hora de extorsionar, y es innegable que, en los últimos años experimentan un boom. Los analistas estiman que sólo en los primeros meses de 2016 se crearon 50 nuevas familias de ransomware y su número no deja de crecer.
Pero lo ocurrido ayer en España demuestra aún más claramente lo elevado que se ha vuelto el peligro potencial de sus ataques. Una ofensiva focalizada contra Telefónica, el mayor proveedor de conectividad de nuestro país, puso en jaque a grandes bancos, firmas eléctricas e instituciones públicas, lo que obligó al Gobierno a activar sus protocolos de vigilancia.
Hablar de completa parálisis o de fracaso de los equipos de seguridad equivaldría a crear un alarmismo fuera de lugar, pero sí que se han revelado fisuras en el sistema, que demuestran su vulnerabilidad y, sobre todo, los piratas han transmitido un claro mensaje: si está a su alcance crear complicaciones a un operador de las dimensiones de Telefónica, los efectos sobre empresas más pequeñas son incalculables. Frente a esta amenaza, cabe pedir más contundencia a las autoridades, especialmente en Europa.
No en vano en EEUU, ya se estudia la elaboración de leyes que prevén incluso penas de cárcel en respuesta a la difusión de estos virus. Pero los reglamentos no siempre son eficientes contra una extorsión de este tipo. Aún más fundamental resulta que todas las empresas, especialmente las pymes, tomen conciencia del peligro que implican las nuevas amenazas informáticas e inviertan en ciberseguridad.
