La imputación de los ocho altos directivos del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por parte de la Audiencia Nacional, es insólito. ¿Actuaron el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez; el exsubgobernador, Javier Aríztegui; o el exjefe de Supervisión, Jerónimo Martínez Tello, así como el expresidente de la CNMV, Julio Segura y el exvicepresidente, Fernando Restoy, de manera irregular al autorizar la salida a bolsa, a sabiendas de que podían causar un grave perjuicio? Sin duda. Eso es lo que se desprende de los correos enviados por el jefe de Inspección de Bankia, José Antonio Casaus, en los que se advertía textualmente que la entidad estaba en la bancarrota.
¿Por qué confiaron en que jamás se podrían demostrar sus errores? En 2012, Martínez Tello y Aríztegui me citaron en su despacho en el Banco España para rogarme encarecidamente que elEconomista no publicara un extenso informe elaborado por la Inspección sobre el lamentable estado de las cuentas de Banca Mare Nostrum (BMN). Naturalmente, no les hice caso, lo publicamos.
Cuando les pregunté por qué habían apoyado la creación de un grupo con graves dificultades como BMN, fruto de la fusión de varias cajas medio en quiebra, me contestaron que era habitual que los inspectores recogieran negros augurios en sus informes, pero que ellos estaban allí para corregirlos.
- ¿Y por qué no visteis, entonces, la profundidad de la crisis, que obligó a intervenir Bankia con un coste 24.000 millones?, proseguí. Según ellos, nadie pudo pensar que la crisis financiera fuera a ser "tan larga y profunda".
No solo fallaron los controles, sino también las previsiones. Zapatero no vio la crisis y, por tanto, nadie relacionado con su Gobierno podía reconocerla. El Banco de España no era independiente. El gobernador y el subgobernador los nombró a dedo Zapatero, rompiendo la tradición de que cada uno fuera designado por un partido.
El Banco de España se politizó. Fernández Ordoñez venía de ser tertuliano en la SER y de dirigir la antigua Comisión de la Energía, en banca era un principiante. Por eso, el ministro de Economía, Luis de Guindos, cargó contra el anterior Gobierno y lo culpa de la salida a bolsa de Bankia.
Todo se instrumentó por la exvicepresidenta, Elena Salgado, otra indocumentada, y el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, quienes presionaron a grandes empresas y acreedores para ir a la ampliación, con la cooperación necesaria de la auditora Deloitte.
Es inexplicable que el actual gobernador, Luis María Linde, haya protegido durante tanto tiempo al subgobernador, Fernando Restoy, que dirigió el consejo de la CNMV en el momento en que se autorizó la operación. Causa también sonrojo que desde la Inspección de la entidad se organice una recogida de firmas en apoyo de los imputados, casualmente en vísperas de la evaluación de los inspectores.
Guindos debería despolitizar de una vez el consejo de la CNMV, que sigue lleno de políticos del Gobierno y del Banco de España. Su manejo por el Ejecutivo propició operaciones como la venta de Endesa a la italiana Enel. ¿Para cuando la creación de organismo reguladores independientes de verdad que enmienden la plana a las instituciones?
Y si unos se van, otros vienen. El lunes se estrena Emilio Saracho al frente del Popular. El reinado de Ángel Ron acaba después de 13 años por la indigestión de ladrillos. Ron alcanzó la cumbre del banco en pleno boom inmobiliario (2004), compró cuando todo estaba caro, por las nubes, y se mantuvo fiel a la promesa que contrajo con Luis Valls, de que el Popular fuera independiente.
Por eso, rehusó tomar parte en el baile de fusiones de las antiguas cajas, que podría haberle permitido descargar parte de sus activos inmobiliarios al banco malo, la Sareb. Confió en realizar la digestión inmobiliaria sin ayudas públicas, como los demás. Pero, de nuevo, la profundidad y duración de la crisis lo confundieron. Para remate, una parte de su consejo se dedicó a apostar a la baja contra los títulos del propio banco a fin de compensar las pérdidas en el mercado y, en el último momento, conspiró a sus espaldas para propiciar su salida por la caída del valor en bolsa. Un órdago estudiado.
Ron no dió la batalla, abandonó la partida tras comprobar que hasta el ministro Guindos había caído en las redes de los rebeldes encabezados por Antonio del Valle, espantado por la división en el consejo de administración y la opinión del resto de la banca.
¿Qué hará Saracho? Parece que aún no lo tiene claro. En privado, dice que "en casos así (de complicados) solo hay tres soluciones A, B o C". Y aunque no las detalla, todo el mundo entiende que se refiere a ampliar capital, vender por trozos hasta liquidarlo o propiciar una gran fusión con otra entidad.
El Popular aún es una pera en dulce para otros bancos. Su ratio de capital quedó debilitado después de que las pérdidas récord de 3.500 millones en 2016 le obligaran a echar mano de las reservas. Pero el banco tiene activos por vender, palancas por usar. Prueba del interés que despierta es que por el despacho de Ron pasaron en los últimos meses todos los grandes banqueros, desde Ana Botín, Isidro Fainé o Josep Oliu hasta Francisco González. Ron se resistió a vender, para respetar la última voluntad de Valls. Un compromiso que no atañe a Saracho, que tiene manos libres para hacer lo que quiera.
PD. La comidilla en el BBVA es la sorprendente alza del 26 por ciento de la parte fija del sueldo de Francisco González en un momento en que está en el ojo del huracán por las sentencias contrarias por su negligente actuación en las cláusulas suelo y en que sus previsiones se rebajan por su presencia en México. FG blinda su sueldo por si las cosas van mal. ¿Y al resto que los parta un rayo?
