El Decreto-ley que contiene las subidas de impuestos aprobadas por el Gobierno el día 2 recibió, esta semana, la luz verde del Congreso. Sus polémicas medidas sólo lograron el voto favorable de PP, PSOE y CC. Si sus apoyos no son numerosos en el ámbito político, aún resultan más reducidos en el mundo empresarial, el principal afectado por la mayor presión fiscal.
A nadie puede extrañar que las empresas de todos los tamaños reprochen al decreto la creación de inseguridad jurídica. No en vano, la limitación a las deducciones en Sociedades constituye la cuarta modificación sufrida por este impuesto en la presente década, y siempre con efectos retroactivos. Además, aún está en el limbo la recuperación de los aplazamientos en el pago del IVA, no incluida en el Decreto y pendiente de una normativa específica.
Los vaivenes jurídicos en nada contribuyen a fomentar las garantías que las empresas necesitan para planificar su inversión. Y aún menos ayudan los casi garantizados efectos perjudiciales que las nuevas subidas fiscales tendrán en la competitividad de nuestras firmas.
En España, los costes laborales ya se encuentran entre los más altos de la UE y todavía se elevarán más por decisiones como el súbito crecimiento del 8 por ciento en el salario mínimo y o el incremento de un 3 por ciento en la base máxima de cotización (que puede llegar a los 10 puntos al cierre de la legislatura).
El conjunto formado por un impuesto de Sociedades endurecido, cotizaciones más altas y eliminación de los aplazamientos en casi todos los tributos constituye así un cóctel pernicioso para las empresas, que afectará a toda la economía en su conjunto, en forma de menor creación de empleo y crecimiento más reducido.
