En ocasiones, lo más importante es lo que no sucede o, por parafrasear a Sherlock Holmes, el perro que no ladra en la noche. La falta de respuesta ante la no exigencia de la Comisión Europea del cumplimiento de España y Portugal de los términos del pacto de estabilidad y crecimiento (PEC) es una de esas ocasiones.
Según los términos del PEC, la Comisión debería haber propuesto una multa a España y Portugal por sobrepasar sus objetivos del déficit fiscal por un amplio margen. La multa habría sido en gran medida simbólica pero la Comisión parece haber pensado que el simbolismo no valía la pena.
No ha sido solo la Comisión la que ha optado por no recaudar sino que el resto de Europa se ha quedado callado también, Alemania incluida, principal guardiana de la austeridad en la Unión Europea. Hasta se ha dicho que el ministro de Economía alemán, Wolfgang Schäuble, persuadió a varios comisarios para no imponer multas a España y Portugal. La prensa financiera alemana, que a menudo critica a la Comisión Europea por su laxitud, apenas se ha hecho eco de la decisión. ¿Por qué ese silencio?
Existe un precedente de indulgencia fiscal en la UE. En 2003, los tres grandes países de la eurozona (Francia, Alemania e Italia) presentaban déficits superiores al 3 por ciento del PIB, el límite máximo que establece el PEC. A finales de ese año, había quedado claro que Francia y Alemania (entonces con unas cifras de paro históricas) no estaban cumpliendo sus compromisos de reducción del déficit.
Al contrario que ahora, la Comisión sí ladró (aunque en realidad no podía morder) y propuso aumentar el procedimiento de déficit del PEC, ya de por sí considerado excesivo. La propuesta no implicaba multas sino que se centraba en la fase previa a la consideración de multas. Pese a todo esto, los ministros de Economía de la UE se opusieron rotundamente, sobre todo por razones políticas.
El encontronazo ocupó las portadas de los periódicos en toda Europa y especialmente en Alemania, donde la prensa, como la oposición política, quería castigar al gobierno del canciller Gerhard Schröder por su fracaso a la hora de preservar la rectitud fiscal. Hubo debates encarnizados sobre la normativa fiscal y el papel de la Comisión en su cumplimiento. En resumidas cuentas, todos aullaban.
Pese a la resistencia, la Comisión decidió seguir adelante y censurar a Francia y Alemania. Con esa decisión, enviaba el mensaje claro de que se tomaba en serio su responsabilidad de controlar los tratados de la UE. Tanta seriedad de que era capaz de exigir reglas con las que no estaba de acuerdo necesariamente. El presidente de la Comisión, Romano Prodi, ya había criticado duramente la rigidez del PEC. Al final, se impusieron los intereses políticos y los ministros de Economía de la UE rechazaron la propuesta.
Los ministros pasaron a reformar el PEC, trasladando el enfoque de los déficits globales a una medida de la posición fiscal que tenga en cuenta el estado de la economía. La Comisión aceptó la reforma y desde entonces ha efectuado cambios adicionales, a la vez que declaraba con orgullo que el PEC es más "flexible" e "inteligente" que nunca.
Actualmente, España y Portugal ni siquiera se adhieren a las nuevas normas flexibles pero la Comisión, dirigida por su presidente Jean-Claude Juncker, está dividida en cuanto a su cumplimiento y varios comisarios apoyan la indulgencia. Por lo visto, la intervención de Schäuble zanjó la cuestión. Está claro que en lo referido a permitir que las consideraciones políticas afecten al cumplimiento de las normas, no ha cambiado mucho.
Y esta vez la Comisión ha tenido más poder para anular la resistencia de los ministros de Economía. Tras la crisis económica de 2008, Europa introdujo la "mayoría cualificada" según la cual cualquier propuesta de multa de la Comisión es definitiva salvo que los ministros de economía de la UE sean capaces de reunir una mayoría de dos tercios en contra. He aquí la diferencia clave entre hoy y 2003: el compromiso de la Comisión con el cumplimiento del PEC ha decaído.
El relativo silencio del público y los medios ha quedado patente. El apoyo a las normas fiscales se desvanece. Quizá, con la ola de atentados terroristas, sobre todo en Alemania y Francia, los ciudadanos y los líderes están demasiado preocupados con la seguridad. El inminente Brexit británico de la Unión Europea también consume mucha atención. Y preservar unos índices altos de empleo en muchos países puede parecer un tema económico más urgente que reducir el déficit.
Aun así, el declive del apoyo hacia las normas fiscales europeas comporta graves riesgos. Si los elementos más concretos del marco de gobernanza de la eurozona no se aplican con rigor, ¿qué motivará a los Estados miembros a emprender reformas y estabilizar su nivel de deuda? Las exhortaciones ambiguas no funcionarán. Por lo visto, la crisis y la prima de riesgo insosteniblemente amplia de los gobiernos muy endeudados ya son historia.
Oficialmente, la Comisión sigue trabajando para hacer realidad el proyecto de una unión económica y monetaria "auténtica" pero tras la decisión de no exigir el cumplimiento del PEC, el esfuerzo ha perdido sentido. Está más claro que nunca que en los Estados miembros de la Unión Europea priman los imperativos políticos internos sobre las reglas comunes y el bien común europeo.
