Soy consciente de que no será esta la primera, ni mucho menos la última vez, que lean sobre el concepto de transparencia que tantas portadas ha protagonizado, y sobre la importancia que ha adquirido en los últimos años.
Los acontecimientos económicos, políticos y sociales que hemos vivido en los últimos años ha convertido la transparencia en algo más que un simple término. Hoy la transparencia es un compromiso adquirido por instituciones públicas y privadas que apuestan por compartir información. Pero ese afán por ofrecer datos ha multiplicado las fuentes de información, los formatos y los accesos a la misma de forma exponencial.
Con el fin de facilitar tanto el registro como la obtención de datos, quedó aprobada el pasado mes de julio la Ley 18/2015 sobre la reutilización de la información del sector público. Esta nueva legislación amplía el número de instituciones que deben admitir la reutilización de sus datos, facilitando el acceso a los que quieran conocerlos.
La renovación de esta ley abarca diversos ámbitos entre los que destacan las funciones que pasan a ostentar las Administraciones y Organismos Públicos. En primer lugar, busca favorecer que sean éstas quienes se ocupen de crear una serie de sistemas de gestión documental que permitan a los ciudadanos recuperar la información que necesitan, de una manera más sencilla y gracias a la existencia de herramientas informáticas adecuadas para esta función.
Sin embargo, y aunque este control de las administraciones públicas permite mayor accesibilidad y coherencia en la recogida y gestión de datos, también resulta incierto el uso que realmente podrá hacer el ciudadano de los citados metadatos, cuando lo que de verdad busca el consumidor es información entendible. También a este respecto se echa en falta una definición exacta de cuáles van a ser los sistemas de gestión documental y las herramientas informáticas que ayudarán a ciudadanos y empresas a conocer los datos financieros que requieren.
Novedades favorables
De cualquier forma, en esta legislación también aparecen novedades favorables como el que los datos mercantiles y financieros de las empresas pasen a proporcionarse en un formato electrónico que favorezca su difusión y conocimiento. Y nueva referencia a la información que contenga datos personales, cuya finalidad de reutilización deberá declararse con anterioridad y quedará limitada a dicha finalidad. Esta mención obligará a revisar la Ley Oficial de Protección de Datos actual para asegurar que, aunque se mantenga la protección de los datos personales, también se permita utilizar dichos datos.
En este nuevo escenario legal, es especialmente interesante para empresas "infomediarias" como Infoempresa.com, que se ocupan, entre otras cosas, de tratar los datos y convertirlos en información sencilla y práctica, entendible por cualquier usuario. A falta de esta adecuación, nos arriesgamos al rechazo por parte del ciudadano de estas nuevas formas de gestión documental.
Otro punto preocupante en la nueva ley es la posible aplicación de tarifas (aún sin especificar cuantías o tipologías) para la consulta y obtención de datos, que además establecen diferencias en cuanto a la finalidad de dicha consulta y que serán establecidas por las Administraciones Públicas. Se hace necesaria una regulación que busque evitar posibles desigualdades y discriminaciones entre ciudadanos y empresas, en función de si dependen de una u otra administración.
Las Administraciones Públicas serán también quienes se encarguen de fomentar el uso de licencias abiertas que permitan un acceso más rápido y sencillo a los datos y su reutilización. Este punto contrasta con la existencia de los denominados "acuerdos exclusivos" (dentro de la propia legislación), que se concederán siempre que la finalidad última sea la "prestación de un servicio de interés público". Esto choca con la idea de democratización de la información objetivo que perseguía la ley en un principio, porque puede suponer una limitación en la concesión de licencias abiertas.
En definitiva, la nueva Ley es un primer paso dentro de un largo camino para conseguir un sistema de gestión documental coherente, accesible y organizado que aporte un servicio al ciudadano más comprensible y libre de trabas burocráticas.
