En el mundo permanentemente futuro en el que vivimos en la actualidad, medios, científicos, ideologías, doctrinas y visionarios acuñan términos que adquieren tal simbología mágica, tal fuerza de atraer que, como consignas repetidas, terminan haciéndonos olvidar su verdadero significado conceptual.
Las políticas de gobierno abierto y su vinculación, en los tiempos que corren, con la transparencia en la gestión pública es una de esas ideas. A cualquiera que le preguntemos sobre estos dos conceptos estará rotundamente de acuerdo en su potenciación, aunque seguramente no sabrá en qué está en concreto de acuerdo, ni con quién. Primer problema: falta de educación tecnológica de nuestra población, unida a la falta de acceso a velocidad razonable a Internet en los medios rurales y precios de acceso excesivos.
Si a ese mismo ciudadano le preguntamos si está dispuesto a que datos referentes a su persona y actividades, necesidades, ocio, deseos y hasta la compra que hace en el supermercado puedan ser accesibles y tratables en beneficio del interés general, en un elevado porcentaje se negará en rotundo y apelará a la Ley de Protección de Datos. Indignado ante un Gobierno invasor de sus libertades, llegará a su casa y lo contará todo en Twitter y Facebook, sin haber antes recortado el acceso a dicha información por extraños, proporcionando a empresas y curiosos muchos más datos que los que pretendíamos obtener y sin que nadie pueda impedir su uso. Segundo problema.
Pero el Gran Hermano ya está aquí, vive entre nosotros y se llama Big Data: enormes bases de datos, anónimas o anonimizadas, gestionadas a través de potentes herramientas son ya aprovechadas por las empresas para ajustar sus productos y servicios a los deseos del consumidor y potenciar la actividad económica. ¿Alguien puede decir que esto sea malo? Es ya clásica la anécdota de un empleado de un supermercado que felicita a una señora por su embarazo antes de que ella misma lo sepa porque la máquina registradora lo deduce de la variación en sus hábitos de compra (y lo estaba?).
Pues bien, con el Open Data damos un paso más: pedimos (aunque deberíamos exigir) como ciudadanos a nuestros Gobiernos que liberen a través de la web los datos que poseen (a continuación de esta frase siempre hay que poner "con pleno respeto a la intimidad"). Dichos datos y las herramientas de administración pública electrónica influyen de manera directa en la gestión del poder, sirven a una prestación más eficaz y con menor gasto de los servicios públicos, pueden servir de instrumento para evitar la corrupción, fomentar la transparencia, saber cuánto pagamos a nuestros gestores, adjudicar en régimen de competencia leal los contratos públicos y proporcionarnos sistemas gratuitos que posibiliten la educación de niños y jóvenes y el mantenimiento de las capacidades intelectivas de nuestros mayores, pedir una cita médica u obtener una receta, además de pagar nuestros impuestos o recurrir nuestras multas. Eficacia en la gestión y derecho a conocer, pero también debería llevarnos a nuevos medios de control de la cosa pública y de participación en los asuntos públicos, derecho al que se refiere nuestra Constitución. El gobierno, mañana, ya lo vemos hoy, será abierto o no será y con toda seguridad tendremos que redefinir, en aras al bien común, los conceptos de privacidad e intimidad.
España ha impulsado en los últimos tiempos este gobierno con la Ley y el Portal de Transparencia, el Portal único de licitación de contratos de la Administración del Estado y el proyecto Aporta que ha creado el primer portal de datos liberados, para su consulta, uso y reutilización (http://datos.gob.es) pero aún queda por avanzar en el ámbito del Estado hasta alcanzar a Reino Unido (España está en el puesto 17 en materia de Open Data entre 77 países estudiados) y, sobre todo, en el de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, ámbito en el que algunos gestores deberían sonrojarse en las encuestas de transparencia. ADEI, el Observatorio para el Análisis y el Desarrollo Económico de Internet (www.observatorioadei.es), publica estos datos, acompañado de un análisis sobre el avance en este sector que va mucho más allá de la mera administración electrónica, en su último estudio que lleva por título "Implementación avanzada de políticas de gobierno abierto".
