La crisis político-económica que tiene atrapada a España es diferente en función del color del cristal con el que se mire. Porque la crisis no ha terminado para los españoles que acuden a los comedores de Cáritas o que hacen cola en el INEM. Ni tampoco para los trabajadores, por cuenta propia o por cuenta ajena, que bastante tienen con ir subsistiendo día a día.
Desgraciadamente, y va para largo, la crisis continuará instalada en las vidas de multitud de familias, pymes y autónomos a pesar de que nuestros gobernantes no lo vean así. Recordemos que Zapatero negó en 2009 que hubiera crisis y que Rajoy, su alter ego, ha dicho recientemente que la crisis ya se ha terminado.
La crisis en España es fundamentalmente política. En este sentido, nuestro sistema podrido a causa de la corrupción tiene intervenida a la economía productiva. Y eso nos diferencia de otros países de nuestro entorno que simplemente sufren o han sufrido una crisis exclusivamente económico-financiera.
Además, el epicentro de nuestra crisis se encuentra en la politización de la Justicia porque ésta y la economía están íntimamente ligadas. Tanto es así que no habrá recuperación mientras la Justicia siga sometida a los intereses de la oligarquía política.
La reciente dimisión del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, es una prueba más que demuestra el funcionamiento político de nuestra Justicia y la ausencia de separación de poderes. Porque Torres Dulce, además de ser un profesor de derecho serio (doy fe de ello debido a mi condición de ex alumno suyo) y un gran crítico de cine, también es un fiscal responsable y honesto.
Desempeñar el cargo de Fiscal General en la España actual tiene más implicaciones políticas que judiciales, ya que es una figura sometida al poder ejecutivo y, por ende, al gobierno de turno. Una sumisión cuanto menos contradictoria, máxime a sabiendas de que faltar a la independencia judicial es un delito. Pero es lo que hay en nuestro pseudo Estado de Derecho.
Sin embargo, Torres Dulce ha dimitido tres años tarde porque una persona de bien como él nunca debió jurar el citado cargo. Porque han sido años en los que la Justicia española ha excarcelado a etarras (y también a asesinos y violadores) con la excusa de tener que acatar las decisiones del Tribunal de Estrasburgo para ocultar los verdaderos motivos, derivados de una hoja de ruta que viene de la época de Zapatero y que posteriormente fue avalada el Gobierno de Rajoy.
Del mismo modo, nuestra Justicia no ha actuado con arreglo a la ley respecto a los delitos cometidos por algunos líderes promotores del independentismo catalán. Y, consecuentemente, ha permitido que en Cataluña se prive de sus derechos más elementales a millones de españolistas catalanes, así como la celebración de un ilegal referéndum de cartón.
Por último, la Justicia española ha protegido, al igual que la Hacienda Pública, a la Infanta Cristina en virtud de un supuesto pacto no escrito entre la Casa Real, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia.
Quizás Torres Dulce haya sido el Fiscal General del Estado más independiente de la historia de la cleptocracia española. Aún así, la independencia ha brillado por su ausencia porque se ha impuesto la fuerte politización que sufre la Justicia española. Los españoles comprendemos que Eduardo Torres Dulce haya tenido que dimitir debido a las constantes injerencias del poder político.
