Se está convirtiendo en la tónica general del Gobierno del PP, elaborar medidas para luego aplazar su aplicación. Ayer se supo que el Ejecutivo quizá deba retrasar la puesta en marcha de la nueva factura eléctrica porque es necesario más tiempo para adaptarse. Asimismo, la Ley de Transparencia, que fue impulsada tras la irrupción del caso Bárcenas, se ha quedado en stand by después de la aprobación del texto en noviembre porque muchas administraciones incumplirían a día de hoy la medida si comenzara a aplicarse. Algunos organismos no disponen de los datos económicos que se tienen que introducir en el futuro Portal de Transparencia. Se comenta que la ley podría ponerse en marcha definitivamente en octubre, pero el Ejecutivo debería saber que cuando plantea sacar adelante una medida hay que tener antes todo preparado para no sufrir después retrasos innecesarios.