La guerra está servida en las cárceles por la llegada de vigilantes privados que desempeñan tareas de seguridad tras realizar un simple curso de formación previo. El Ministerio de Interior ha enviado ya a 254 escoltas a los centros penitenciarios. Los funcionarios de prisiones se han mostrado totalmente en contra de la llegada de seguridad privada a las cárceles. Consideran que no poseen los conocimientos suficientes para desempeñar su labor y no entienden el posible ahorro: cada escolta cuesta al Estado 3.200 euros mensuales.
