Tras la suspensión de la subasta eléctrica y la intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Compentencia, el interés de empresas y usuarios se centra en saber por qué sucedió y cómo se va a determinar el precio a partir del 1 de enero.
El viernes el Consejo de Ministros decide esta última cuestión y es probable que tome como referencia otros mercados europeos. Parece descartado convocar otra subasta, mientras los precios de la bolsa mayorista eléctrica (pool) han caído hasta 9,30 euros por megavatio hora desde los 90 euros que alcanzaron en cuatro ocasiones a lo largo de diciembre.
La incertidumbre vapulea al sector muy irritado con el Gobierno, mientras la CNMC investiga si fueron los bancos de inversión quienes reventaron la tarifa eléctrica.
La reforma energética está a punto de naufragar porque sus directrices no surten efecto, el Estado no ha cumplido su parte -Hacienda se negó a aportar los 3.600 millones que le correspondían por el déficit de tarifa- y nadie es capaz de explicar qué hizo subir el precio en la última subasta trimestral (Cesur).
Las sospechas de manipulación crecen en el caldo de cultivo de la escasez de competencia que hay en este mercado. Es necesario clarificar el modelo energético por el que optamos. El Gobierno debe hacer pedagogía y explicar a los ciudadanos los costes de las distintas opciones. También las eléctricas deben añadir un mayor grado de transparencia y sobre todo se impone un mecanismo de formación de precios, que evite situaciones como la que vivimos la pasada semana.
La CNMC debe llegar a fondo con su investigación y el Ejecutivo dar una solución que clarifique y renueve la bolsa del mercado eléctrico.
