
En estos días en los que se conmemora -sin ganas- el aniversario de la Constitución de 1978, conviene recordar declaraciones y propuestas que hace trece años hacían figuras destacadas.
Mi intención obedece a remarcar el proceso de degradación e incumplimiento de la Constitución que hipócritamente se festeja y señalar cómo la política del actual Gobierno no se debe a improvisación o a "la herencia recibida", sino a un proyecto preparado.
Cuando el Pacto de Toledo estaba caliente, el exministro García Díez afirmaba que ese acuerdo de pensiones "no es la reforma que necesitamos. Esta sigue aún pendiente". El catedrático de Economía Antonio Argandoña advertía que la "Carta Social Europea tendría un impacto muy negativo sobre la competitividad, el crecimiento y el empleo".
Después José María Cuevas, presidente de la CEOE, decía que "la Reforma debe suponer que las magistraturas no intervengan en las decisiones empresariales". Poco tiempo más tarde, Rodrigo Rato afirmaba que "se impone una reforma del Mercado Laboral y una privatización de los servicios públicos".
En 1998 Luis Álvarez Rojo, gobernador del Banco de España, mantenía que "es necesaria una política económica que se fundamente en la moderación salarial". También en aquel año José María Aznar declaraba que "hay que moderar los salarios".
Y todo ello en un contexto europeo en el que Jean Arthuis, senador francés, autor de un informe sobre el Mercado Único para el primer ministro Balladur, afirmaba que "hoy existe un divorcio entre el interés de la empresa y el interés de la Nación". Aunque nada tan sorprendente como las palabras de Gerhard Schröder, canciller socialdemócrata de Alemania entre 1992 y 2000, afirmando que "la moneda única traerá más paro".
La crisis ha sido la excusa perfecta para poner en marcha políticas opuestas al Estado del Bienestar. Lo que hoy padecemos se venía gestando desde hace tiempo y desde varias ópticas políticas.
Julio Anguita, ex coordinador general de IU.