El Gobierno de Rajoy no debió subir los impuestos para ajustar la Hacienda Pública.
Empieza a ser común la percepción de que cuando los políticos empiezan a hablar de recortar impuestos es que se aproximan procesos electorales. Unos procesos que imponen a los políticos una perspectiva de actuación cortoplacista y que, para colmo, se inician incluso año y medio o dos antes de cada fecha electoral prevista.
Esa dinámica explica en buena parte por qué, en lo que resta de legislatura y a pesar de haber constituido una comisión para tal efecto -al menos en lo que a impuestos se refiere-, el Gobierno no acometerá la reforma que realmente necesitamos en materia de Hacienda Pública, es decir de gastos o presupuestos y de impuestos y tributos. Otra razón de tal renuencia es una mezcla de ataraxia, rayana con el desaliento, manejada por el presidente, y de una mentalidad o ideología, que implica a todo el Gobierno, que muestra su complacencia con el intervencionismo y la protección del Estado a costa de las verdaderas responsabilidades individuales, que no son las que ambicionan y nos imponen los políticos a expensas de nuestra libertad. Ya puede el presidente insistir en que continuará las reformas o que aún queda lo más importante, cosa que sabemos de sobra. Nadie niega lo hecho y que se ha frenado el desastre, el auténtico hundimiento en diversos sentidos o aspectos, al que se nos había dirigido o al que, por más que clamen muchos desde izquierda o derecha, nos conduciría una política de más gasto público, más Estado o más bienestar o beneficencia administrados políticamente y menos ciudadanía, individuo, libertad y solidaridad (ésta sólo existe cuando se decide y ejerce libremente, nunca si es impuesta desde el poder) o altruismo particular que, por cierto, es el que principalmente ha actuado en estos duros años de crisis.
Nunca debió elevar los impuesto el Gobierno de Rajoy para ajustar la Hacienda Pública. Ajuste requerido no sólo por la crisis (menores ingresos) sino por una concepción ideológica de la sociedad que anteponga la libertad de los individuos para buscar legítimamente su propia felicidad, bienestar y vida. Siempre hubo otra forma de hacer las cosas y nunca, desde luego, eso pasaba, ni pasa, por más gasto público, más déficit o impuestos y más endeudamiento, causante fundamental en el momento presente (minoradas las incertidumbres y replanteadas las solvencias) de la escasez de crédito privado. No se trata de bajar y retornar impuestos a la situación de 2007, tras la reforma del ministro Solbes que, por cierto, no sólo no rebajó las cargas fiscales sino que, por ejemplo en el IRPF, tal como constatan los expertos, convirtió los mínimos personales o familiares en falsos o espurios pasando a deducciones de cuota en lugar de aplicar la tarifa impositiva resultante a la renta de cada contribuyente neta de tales mínimos vitales. Se trata, más bien, de acometer una reforma integral de todo el sistema tributario español que, a su vez, permita resolver la financiación de todos los niveles de la Administración Pública. Se trata de reducir los impuestos, sí, pero también de simplificar y reducir, haciéndolas más eficientes, las figuras impositivas ahora existentes, al tiempo que se simplifican, dignifican e igualan las obligaciones de los contribuyentes para con las Administraciones Públicas. No es de recibo que se establezcan para los ciudadanos unos períodos, penas o multas y se estipulen unas obligaciones distintas a las que tiene la Administración o que ésta incluso se permita incumplirlas.
Deben eliminarse figuras fiscales injustas, finalistas -mejor una tasa y aún mejor un precio libre- o en cascada (sucesiones, donaciones, patrimonio...) que ya tributaron cumplidamente por su generación o tenencia. Deben eliminarse, dejando alguna en el IRPF de carácter muy justificado o particular que contemple circunstancias especiales del contribuyente, como los mínimos personales y familiares, prácticamente todas las deducciones, excepciones, peculiaridades o distinciones de las figuras impositivas. Y deben reducirse al máximo los tramos, dejando tal vez sólo dos para el IRPF, y los tipos. Así, el IVA o Sociedades deberían cargar un único tipo, más bajo que el actual, igual para todos y sin excepción alguna o sin posibilidad de deducciones que permitan a las grandes empresas pagar apenas un 5 o 7 por ciento. Por supuesto, todo ello requiere un ajuste drástico en el gasto, empezando por empresas, entes u organismos públicos, siguiendo por asesores, consejeros y representantes políticos sobredimensionados, así como actividades impropias del poder político -fundamentalmente económicas- que reducen recursos diversos de otras, como seguridad, defensa, justicia, regulación, vigilancia y control de contratos libres y sin engaños, etc., en principio más propias de la autoridad y necesarias.