El Memorando de Entendimiento (MOU) sobre condiciones de política sectorial financiera de 20 de julio de 2012 tenía una duración prevista de unos 18 meses, con lo que su terminación se encuentra próxima. Surge ahora el debate sobre la posibilidad y conveniencia de que España termine con el programa o que, por el contrario, se prorrogue.
El Gobierno español, una vez cumplido el MOU y comenzada la ansiada recuperación económica, desearía poner término al programa y abandonar el club de los países que han necesitado algún tipo de ayuda financiera -aunque se haya tratado de un apoyo limitado y distinto del que se ha producido en Irlanda, Grecia, Portugal o Chipre-. De ese modo, podríamos recuperar nuestra autonomía en la toma de decisiones que afectan al sector financiero español.
A pesar de las recientes noticias que evidencian el reconocimiento internacional sobre la mejora de la situación española, lo cierto es que septiembre es un mes clave para la decisión que habrá de adoptarse antes de final de año.
Tras el análisis trimestral celebrado en la última semana de mayo, la Comisión Europea y el BCE hicieron pública una declaración en la que se reconocían los grandes progresos realizados y, en particular, se admitía que España había cumplido puntualmente todas las condiciones establecidas en el MOU.
Ha sido una tarea admirable, realizada en un tiempo muy reducido, y que ha supuesto un gran esfuerzo para sus protagonistas, el Ministerio de Economía, el FROB, el BCE, la Sareb y los propios bancos receptores de las ayudas públicas. Se han despejado las dudas que despertaba el sector financiero en el verano del año 2012 y se ha producido una mejora notable en nuestras condiciones de financiación. También los bancos no nacionalizados han avanzado mucho en su prudente recapitalización.
Sin embargo, y aun reconociendo lo anterior, la nota de la Comisión Europea y el BCE del pasado 3 de junio deslizaba un par de inquietudes en relación con la situación del sector, por el mantenimiento de una coyuntura económica difícil y por los efectos del endurecimiento de las condiciones de tratamiento contable de las recapitalizaciones -incremento de la morosidad-. También alertaba sobre la situación del déficit y la deuda pública.
Entiendo que estas son las cuestiones pendientes que serán objeto de análisis en estos días, con ocasión de la revisión trimestral de la troika sobre la situación del sector financiero español y el grado de cumplimiento del programa de asistencia.
Coincidiendo con este análisis se producirán algunos hechos de gran importancia. Así, en primer lugar, se conocerán los efectos definitivos de la aplicación de los nuevos criterios sobre refinanciaciones. En segundo término, se hará pública la suerte definitiva de algunas de las entidades recapitalizadas por el FROB. Y, por último, puede estar próxima la solución técnica al problema de los créditos fiscales -los denominados DTAs-.
Todo ello podría afectar a la situación del sector financiero y, por tanto, tendrá incidencia sobre la decisión a adoptar. Obviamente, si las conclusiones de esta visita fuesen positivas, la continuidad del programa no tendría fundamento.
Sin embargo, en los últimos días algunas voces han introducido una preocupación adicional que podemos calificar de extraña al MOU: la referida al control del déficit y la deuda pública, ya presente en la nota de junio. Así, algunos medios han publicado declaraciones de funcionarios de la Comisión que alertaban sobre la posibilidad de una prórroga basada, no en la situación del sector financiero español, sino en la de nuestras cuentas públicas.
Jurídicamente, no tendría sentido. El MOU es un instrumento singular, finalista y limitado al sector financiero, lo que explica su condicionalidad. El control del déficit y el endeudamiento del sector público español deberían realizarse a través de instrumentos distintos, como los procedimientos de déficit excesivo.
Mi opinión personal es la de que el programa no debería renovarse, puesto que la situación que lo justificó ha cambiado radicalmente. Ello no implica que todo esté resuelto. La situación económica es compleja, el desempleo se mantiene elevado y persiste la auténtica amenaza para los bancos: la presión sobre el margen financiero y la baja rentabilidad.
Lo que ocurre es que ahora somos capaces de resolver nuestros problemas por nosotros mismos y esto es un gran avance.
Francisco Uría, socio responsable de Sector Financiero en KPMG en España.
¿Cuánto necesitan los grandes bancos?