Quizás se logre frenan el aumento del déficit tarifario, pero no se ha hecho una buena regulación.
En el sector energético tenemos un problema de gobernanza. La gobernanza, junto con el mix, son los elementos claves de toda política energética. Nos falla desde el primer eslabón de su cadena de valor. Los eslabones siguientes, regulación, mercados, consumidores, van peor. Se atribuye hace un siglo al Conde de Romanones la frase: "Hagan ustedes las leyes y déjenme a mí hacer los reglamentos". El Gobierno español, debería limitarse a marcar la política energética que desea alcanzar y dejar al regulador independiente su implantación más eficiente. ¡Pues, no! Desde Romanones, los gobiernos del Estado español han preferido escribir la letra pequeña de los reglamentos a marcar explícitamente la políticas y dejar en mano expertas la regulación. Resultado: El actual déficit tarifario eléctrico, la inviabilidad del propio sector y un soberano enfado de todos los agentes implicados.
El Gobierno acaba de anunciar su última propuesta de cambio normativo para afrontar la extremadamente delicada situación. Un breve y precipitado análisis nos confirma nuestra afirmación inicial: tenemos un problema de gobernanza. El Gobierno ha lanzado una serie de modificaciones que mueven los cimientos del modelo vigente y se oponen a los principios de una regulación eficiente. Seguramente la acción del Ejecutivo ha sido la única posible dada la situación de rescate en la que el sector se encuentra. Pero al saltarse todos los principios de una buena regulación, quizás ha evitado caer en una situación de inviabilidad inmediata, pero no ha sentado las bases para el desarrollo de una equilibrada política energética en sus tres pilares, seguridad, sostenibilidad y competitividad.
En efecto, al recortar sin ninguna otra justificación que la de reducción del monto total, costes del sistema eléctrico por 2.700 millones de euros, al aportar 900 millones de euros de los PGE y al subir los peajes eléctricos en 900 millones de euros quizás se logre suturar el incremento del déficit tarifario, pero no se puede llamar a esto, buena regulación. Buena regulación es aquella que emite las señales económicas adecuadas al logro de la política energética anunciada. No tenemos política energética explicita. No tenemos regulador independiente. Y el que no sabe dónde va, no llega a ninguna parte. Dice el Gobierno en su reseña que la reforma establece un nuevo régimen retributivo para las instalaciones de generación de energía renovable, cogeneración y residuos basado en estándares por tecnologías. Está por ver si este nuevo marco retributivo constituirá un instrumento adecuado para la protección y fomento de las tecnologías renovables.
En cuanto a las redes de transporte y distribución, se establece una retribución homogénea adecuada a una actividad de bajo riesgo. Es decir, obligaciones del Tesoro a 10 años más 200 puntos básicos. Veremos si ello incentiva al mantenimiento de los estándares de calidad y disponibilidad. También se establece un volumen máximo de inversión asumido por el sistema eléctrico como coste anual. Como el factor de sostenibilidad del sistema de pensiones. ¡Que poca originalidad! La reforma introduce medidas para disminuir el coste de producción eléctrica y mejorar la eficiencia de las centrales de fuel de los sistemas extrapeninsulares e insulares. ¡Pasar de las declaraciones a los hechos no será cosa fácil! También se disminuye la retribución actual de los pagos por capacidad que perciben en la actualidad las centrales de ciclo combinado, fundamentalmente y se establece un mecanismo de mercado para calcular la interrumpibilidad. ¿Encararemos un ciclo desinversor? Además, se establece un sistema básico de incentivos para Canarias y Baleares, donde la energía eólica y fotovoltaica es más barata que la generación convencional por ser esta mucho más cara que en la Península al no estar presente el gas natural. Qué pena de ocasión perdida para la buena gobernanza. ¿Será una de las maldiciones de este país? Vivamos un momento Romanones.
