La separación de poderes en España es una utopía. El centro neurálgico de la corrupción política está ubicado en la politización y la falta de independencia de la Justicia. Los altos tribunales están controlados por el poder político, de lo que se deduce que el poder judicial se encuentra sometido al ejecutivo. No es ninguna novedad afirmar que tanto la actual estructura como el funcionamiento del sistema judicial favorecen enormemente la corrupción política.
El anteproyecto de reforma del Consejo General de Poder Judicial, aprobado el 21 de diciembre de 2012 en consejo de ministros y que concluirá en los próximos meses, puede reducir considerablemente la independencia de este órgano convirtiendo en otro departamento más al servicio del Ministerio de Justicia.
El Gobierno dice que la reforma servirá para despolitizar el CGPJ, pero puede suceder que el efecto sea el contrario porque si se reduce el peso que ahora tienen los jueces para elegir a los vocales del citado órgano judicial se dotará de mayor poder de elección al Congreso y al Senado. En resumen, si la mencionada reforma sale adelante, el poder político controlará totalmente el CGPJ.
Cuando el PP estaba en la oposición criticaba la politización de la Justicia imperante en aquellas legislaturas en las que gobernó el PSOE, pero una vez en el poder, e incumpliendo otra vez su programa electoral, no está dando muestras de querer despolitizar la Justicia.
La citada reforma es clave porque cuanto más politizado se encuentre el CGPJ, mayor control político podrá ejercer el Gobierno de turno sobre el sistema judicial en su conjunto. Porque no debemos olvidar que a los magistrados del Tribunal Supremo los designa el CGPJ. Igualmente, una tercera parte (Sala de lo Civil y Penal) de los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas son elegidos por el CGPJ. Y los miembros del Tribunal Constitucional también son elegidos por las Cortes, el Gobierno y, por supuesto, el CGPJ.
Pero la politización judicial no termina aquí, ya que al Fiscal General del Estado lo nombra el Gobierno. Y respecto a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, únicamente tres de los ocho miembros que integran la misma son elegidos democráticamente entre los magistrados adscritos a dicho órgano.
¿Por qué no cambia el sistema?
Hasta la fecha, ningún gobierno ha tenido interés en despolitizar la Justicia y esta situación ha favorecido en gran medida la corrupción porque determinados políticos han podido cometer corruptelas en régimen de impunidad. ¿De qué sirve, por ejemplo, aumentar las penas para los políticos corruptos (medida que ha calificado Rajoy como imprescindible) si la Justicia sigue subordinada a los intereses del Gobierno de turno?
La politización de la Justicia deriva en la instauración de un sistema de evaluación del desempeño y de selección de jueces basado en la afinidad política. La mejor estrategia para subir peldaños en el escalafón de la Carrera Judicial es significarse políticamente. Una plataforma idónea para ello es adscribirse a determinadas asociaciones de jueces de marcado perfil ideológico y político.
Sin duda, el mejor camino para llegar a ser magistrado de un alto tribunal es posicionarse políticamente. Desgraciadamente, la valía, la meritocracia y, por supuesto, la independencia suelen ser un lastre para muchos jueces, que no siendo amigos del poder, quieren ascender profesionalmente.
Otro asunto crucial y a la vez indignante es el relativo al aforamiento (un privilegio más propio de la Edad Mdia que de un Estado de Derecho) del que gozan determinados cargos políticos. En realidad, se trata de una vía de escape que utilizan aquellos políticos imputados, en virtud de algún caso de corrupción, para poder ser juzgados (teniendo muchas posibilidades de salir absueltos) por los altos tribunales aprovechando que están fuertemente politizados.
Este es uno de los motivos por los que los políticos imputados por corrupción se aferran a su escaño parlamentario y no dimiten, puesto que si dimitieran podrían ser juzgados por la Justicia ordinaria y, por tanto, correrían un alto riesgo de ser condenados.
Hay que pagar por los delitos
La voz de las urnas es la única responsabilidad que la casta política quiere asumir. No obstante, los políticos que hayan originado, en función de irregularidades delictivas en su gestión, la insolvencia del Estado, de una Comunidad Autónoma, de un Ayuntamiento o de cualquier institución pública deberían ser procesados y responder penalmente por sus actuaciones.
Es imprescindible exigir a los gestores políticos responsabilidades en virtud de sus comportamientos de gestión, al igual que se hace con los gestores empresariales. Las consecuencias de la malversación de caudales públicos derivan en escenarios económicos de alta morosidad que destruyen el tejido empresarial, potencian el desempleo y empobrecen a la ciudadanía.
Los accionistas de la Administración Pública son los ciudadanos y éstos deben exigir a sus directivos (los gestores públicos o políticos) una gestión transparente. Pero multitud de actuaciones políticas delictivas, penadas por la ley, quedan impunes y son amparadas por los representantes de la justicia, que son los supuestos garantes de la misma pero que en ocasiones no velan por el interés público. Del mismo modo, la inseguridad jurídica provoca fugas masivas de capital y desinversiones empresariales. Y España tampoco ofrece un sistema judicial dotado de garantías a las empresas cuando la vertiente legal es uno de los aspectos que más valora una compañía para invertir en un país.
Mientras la justicia siga secuestrada y los gestores públicos no se sometan al imperio de la ley, la corrupción seguirá institucionalizada en España.
Lucio A. Muñoz es Socio director de Eurogroup Human Resources.
¿Algún político ha sido emprendedor?