El Gobierno sigue sin abordar el verdadero problema de España, que no es otro que la existencia de un Estado insostenible que absorbe los recursos y el crédito que necesitan las empresas y que utiliza al sector privado para financiarse con unos impuestos asfixiantes. Mientras no se produzca un radical ajuste del sector público, todas las medidas de apoyo al empleo y de reactivación de la economía no tendrán el efecto deseado.
La nueva estrategia de emprendimiento y empleo joven incluye una reducción de las cuotas a la seguridad social para los nuevos emprendedores que tengan menos de 30 años, que pagarán aproximadamente 50 euros durante el primer semestre. Igualmente, éstos también podrán disfrutar de bonificaciones por un periodo de dos años más.
Pero es posible que esta medida concreta tenga más carácter recaudatorio que incentivador, puesto que si el entorno legislativo y económico no cambia muchos de los nuevos emprendedores, aunque puedan pagar las cuotas durante los dos primeros años y medio que estarán bonificados, tendrán que cerrar sus negocios una vez que desaparezcan los incentivos.
Legislar mirando hacia otro lado
¿Y qué ocurre con el resto de autónomos o emprendedores mayores de 30 años? ¿Piensa el Gobierno que estos últimos no necesitan ayuda?
El nuevo paquete de medidas, que contiene aproximadamente cincuenta, apoyará la financiación a las empresas, sobre todo a las pymes, rebajará la factura fiscal a las compañías de nueva creación, reactivará el plan de pago a proveedores y reducirá las cotizaciones a las empresas que contraten a jóvenes, entre otras medidas. Pero el Gobierno prometió rebajar las cotizaciones a la seguridad social, y no únicamente a los nuevos emprendedores, y no lo ha cumplido.
Del mismo modo, Mariano Rajoy también prometió que las pymes y los autónomos pagarían el IVA una vez cobradas las facturas, pero la adopción de esta medida, que es vital, se ha aplazado hasta el año 2014. Incluso se ha insinuado que se bajarán los impuestos en 2014, pero eso cuesta creerlo a estas alturas.
¿Para qué anuncia el Gobierno una Ley de Emprendedores si ha centrado su política económica en disminuir el déficit subiendo los impuestos para no reducir prácticamente el gasto público-político improductivo? ¿Es aceptable que una administración lance planes de empleo y líneas de ayuda a los emprendedores si después una parte de la misma no paga las facturas o las paga cuando ya es demasiado tarde, incumpliendo la ley de morosidad?
No olvidemos que existe una bola de facturas impagadas correspondientes al ejercicio 2012 con el objetivo de reducir la cifra global de déficit, que cerró al 6,74% sin contar con el rescate financiero y sin contabilizar esas facturas guardadas en los cajones. Se ha exprimido al sector privado, vía aumento de impuestos, para mantener casi intacto el insostenible sector público. La cifra de déficit se ha conseguido a base de expoliar a las familias, a las pymes y a los autónomos.
Medidas de cara a la galería
Mención a parte merece la Ley de Unidad de Mercado, que es otra una broma de mal gusto porque siguen proliferando multitud de leyes autonómicas diferentes, o la racionalización del sector público empresarial. ¿Cuántas empresas públicas han desaparecido desde la entrada en vigor del decreto ley promulgado a tal efecto? Como puede verse, todo son facilidades para los emprendedores y las empresas, que sufren un perjuicio económico y un hándicap competitivo enorme.
¿Y la reforma de la Administración? Después de un año en el poder, el Gobierno comienza ahora a perfilar algunos cambios en la gobernanza municipal pero poco más. El Estado está hipertrofiado y se conocen perfectamente las insostenibles duplicidades y triplicidades existentes, pero no hay voluntad de erradicarlas puesto que son la esencia de la mamandurria de la casta política. Y esta ausencia de verdaderas reformas en la Administración implica que la corrupción y el despilfarro sigan siendo una constante y que, consecuentemente, sigan falleciendo empresas a causa del retraso en los pagos.
En conclusión, todas estas medidas, leyes y estrategias, más mediáticas que efectivas, pertenecen al ámbito del marketing político y es factible calificar a las mismas como publicidad política engañosa. La medida más importante para reactivar la economía y fomentar el empleo que podría adoptar el Gobierno es poner a dieta al Estado hasta dejarlo anoréxico.
Lucio A. Muñoz es socio director de Eurogroup Human Resources.
El paradigma del saqueo de España
