Cospedal reconoció a algunos medios que ella puso fin a los sobres y ahora niega su existencia.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, asegura que las cuentas de su partido están en orden. Lo malo es que la formación política llevaba una contabilidad paralela por la que jamás tributó. Sospecho que los altos cargos del PP recibieron sobresueldos, pero carezco de pruebas para afirmarlo. El problema es que entre los posibles beneficiarios figura el presidente, Mariano Rajoy. Las palabras de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, intentando separar la responsabilidad del Gobierno y del partido están fuera de lugar. El PP está obligado a despejar cuanto antes cualquier atisbo de duda sobre Rajoy, como reclamó ayer el presidente del Banco Popular, Ángel Ron, o el jueves Emilio Botín.
Los empresarios están preocupados por la repercusión internacional y la pésima imagen que la corrupción proyecta sobre España, como denuncia la portada de hoy de elEconomista. Lo peor es que sucede justo en el momento en que las cosas comienzan a mejorar y en que el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, se dispone a anunciar un déficit en torno al 7 por ciento, gracias a unos ingresos fiscales mejores de lo previsto.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, señaló ayer que no están afectando a la economía. Y eso es así, de momento, porque la prima de riesgo permanece estable. Pero las turbulencias del año pasado en los mercados volverán si crecen las sospechas sobre Rajoy y su equipo. La economía no está en condiciones de aguantar un serial en los medios de comunicación sobre los trajes regalados al presidente similar al protagonizado por el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps. Si cobraron ese dinero, que presenten su dimisión, porque tarde o temprano se conocerá.
Las palabras de Cospedal negando una y otra vez las informaciones me producen sonrojo, porque fue la propia Cospedal quien reconoció en declaraciones a algunos medios que ella puso fin al reparto de los sobres cuando llegó a la dirección general del PP y convenció a Rajoy para pararlo.
Ahora tiene un problema de credibilidad, ya que tiene que convencernos de los contrario tras desdecirse, y encima su nombre está entre los que cobraron presuntamente dinero negro, aunque la suma sea irrisoria. Todos conocemos la costumbre secular del PP de negarlo todo. Si Cospedal cree que por ello va a frenar las investigaciones de la prensa es una ingenua.
Me sorprende la tibieza con que Montoro trata el asunto. A estas alturas, Hacienda debería haber anunciado una investigación sobre todos los sospechosos, incluido naturalmente Rajoy, así como sobre la contabilidad de la formación política. Hasta el miércoles por la noche su Ministerio no aclaró que estaba personado en la causa penal contra Bárcenas para comprobar si la procedencia del dinero es lícita. Es inexplicable el guante blanco que usa el Gobierno con el extesorero de su partido, que hasta hace dos días mantuvo despacho y coche con cargo al PP. Es impresentable que Bárcenas siga en libertad y que ni desde la Fiscalía ni desde el Ejecutivo hayan solicitado su entrada en prisión como medida preventiva y de higiene mental ante la opinión pública. No acabo de entender los motivos por los que el expresidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, duerme en la cárcel de Alcalá-Meco por riesgo de fuga mientras que Bárcenas está de vacaciones en una localidad próxima a la frontera francesa sin que nadie aprecie el más mínimo problema.
Sáenz de Santamaría puso ayer la mano en el fuego por Rajoy; también lo hizo Felipe González por el exgobernador Mariano Rubio, y salió escaldado. Sus palabras resultan desalentadoras, porque se limitó a extender la aplicación de la futura Ley de Transparencia a los políticos y a las formaciones en las que militan, sin abordar una reforma de su financiación o del sistema de donaciones que los convierte en inviables. Nada tampoco sobre la transparencia total en la licitación de contratos públicos para evitar que aparezcan más nombres de constructores implicados en casos de corrupción.
Hace unas semanas también anunció que estudiaría la actuación de la esposa del ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, en relación con la adjudicación a Glaxo de la vacuna del papiloma humano tras su incorporación a esta empresa. Nada se sabe de este estudio, pese a que existen pruebas contundentes de que la ministra de Sanidad, Ana Mato, extendió la concesión a estos laboratorios con el titular de Exteriores ya de compañero del Ejecutivo.
Rajoy debe realizar una declaración categórica hoy sobre su inocencia, hacer públicas sus declaraciones de la renta de los últimos años y exigir también que lo hagan los miembros de su partido, así como poner en marcha una investigación en profundidad si no quiere convertirse en el presidente más breve de la historia de la joven democracia española. La parsimonia con la que actuó con Bárcenas lo convierten en presunto cómplice. Una sospecha que debe erradicar de inmediato para que no pase factura.
Las opciones de Rajoy en el 'caso Bárcenas'
