Los presupuestos 2013 incluyen una partida de 38.590 millones destinada al pago de los intereses de la deuda. Tal cantidad es un 33,8% superior a la de 2012, no sólo por los más altos tipos de interés, sino también por el mayor volumen de deuda que hay que financiar.
De cualquier modo, las vicisitudes de la prima de riesgo del bono español con relación al alemán determinan el gasto del Estado en esta servidumbre, que, además, después de la reforma constitucional, tiene preferencia absoluta. Pero ésta es otra cuestión.
Las protestas de España e Italia ante el alto precio que iba alcanzando la financiación de sus pasivos no movieron a Alemania a aceptar los eurobonos -un sistema de mutualización de la deuda del Eurogrupo que quizá, en las circunstancias del proceso de integración, hubiera desincentivado la ortodoxia presupuestaria de los países con mayores dificultades-, pero sí acabaron convenciendo al BCE de la necesidad de un mecanismo que desanimara a los especuladores y auxiliara a los países que, manteniendo acceso abierto a los mercados, tenían que pagar precios abusivos por colocar su deuda.
Y, sin embargo, ni España ni Italia, que han visto cómo el simple anuncio de esta innovadora decisión hacía bajar sus primas de riesgo, han querido utilizar la herramienta ideada por Draghi. Lo lógico sería que los más afectados por la crisis de deuda, Italia y España, se hubieran apresurado a utilizar ese mecanismo, que representaría un ahorro de algunos miles de millones anuales. Y si no han hecho tal cosa, es que algo va mal en el seno del Eurogrupo.
Algo que impide que la racionalidad se imponga. En realidad, conocemos la razón: Rajoy teme que los fundamentalistas europeos le impongan nuevos e inaceptables ajustes. Pero la solución a este problema debería ser alejar de los puestos decisorios a los fundamentalistas y no renunciar a una ayuda que nos permitiría invertir los escasísimos recursos disponibles en otras atenciones muy necesarias.
Antonio Papell. Periodista.
