El concepto de política industrial se podría definir como el apoyo a empresas y sectores para que se doten de capacidades y recursos con que competir y afrontar la evolución de los mercados. En España, algunos defendemos desde hace años la necesidad de un cambio de nuestro modelo productivo, afirmando que potenciar y reforzar la industria es la actividad con más capacidad de generar riqueza de forma sostenida.
Hay coincidencia entre todas las organizaciones políticas, sociales y económicas, y entre todos los expertos, de que no hay salida a la crisis económica si no somos capaces de cambiar profundamente nuestro modelo productivo, ya que su debilidad industrial y su bajo valor añadido explican nuestra debilidad competitiva y los alarmantes niveles de paro.
Existe también consenso en la necesidad de superar unas bases económicas agotadas, con un tejido productivo sustentado en demasiado empleo de baja cualificación profesional, en productos con escasa innovación que dificultan su internacionalización. Una realidad que hace incompresible la histórica parálisis en la acción política de soporte a la industria que vivimos. En ocasiones la acción simplemente ha impulsado políticas descoordinadas, dispersas, contradictorias e inútiles, entre Gobierno central y CCAA, que explican su poca efectividad.
¿Cuáles son las necesidades de las empresas?
Desde el ámbito sindical se reclama a las instituciones públicas que atiendan las necesidades de las empresas y de los sectores industriales, conscientes de que cada periodo económico precisa de una política industrial especifica en función de los modelos de consumo, de las exigencias del mercado, de las debilidades y necesidades de las empresas.
Hoy la primera urgencia es corregir nuestro principal fracaso: un modelo productivo con baja cualificación profesional y escasa innovación, consecuencia del insuficiente esfuerzo empresarial en I+D+i -en especial desde el sector privado- y de una errática política formativa. Política industrial significa desarrollar nuevos y específicos instrumentos políticos que impliquen mayores inversiones en capital humano y en investigación, en desarrollo y educación a todos los niveles -formación profesional y universitario-, junto con el apoyo a la investigación pública y al I+D+i empresarial. La formación profesional es el alimento principal de un patrimonio que no se puede considerar nunca acumulado de una vez por todas.
Es grave que sigamos recordando, como una novedad, que nuestro futuro pasa por el conocimiento, la formación y la innovación, repitiendo el contenido del Libro blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo de Jaques Delors que ahora cumplirá dos décadas, y que en su introducción nos emplazaba al esfuerzo de "invertir en lo inmaterial y revalorizar el recurso humano aumentará la competitividad global, desarrollará el empleo y permitirá conservar las conquistas sociales". Una advertencia que parece que otros países entendieron mejor que nosotros, pues seguimos irresponsablemente recortando un año más la inversión y recursos imprescindibles en I+D+i y en formación.
No faltan leyes ni directivas, pero sin financiación para darles contenido. Ahí están la Ley de Economía Sostenible, la Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación, la Estrategia de Lisboa, la Estrategia de Lisboa Renovada, etc. Todas inciden en "invertir más en conocimiento e innovación; liberar el potencial empresarial, en particular de las pequeñas y medianas empresas; invertir en el capital humano y modernizar los mercados laborales". Tanto papel y tanta estrategia para acabar en reformas laborales que refuerzan una economía sustentada en el empleo precario y desregulado, que desmotiva la participación de los trabajadores en la organización del trabajo al reforzar el autoritarismo, precisamente la antítesis de la innovación, y acabar reforzando lo más rancio y antiguo, reformando la legislación laboral en la misma dirección de lo que ha sido la causa de nuestros males económicos.
Porque si la innovación es hoy el factor determinante de la política industrial y con ello de las mejoras de los procesos de investigación, fabricación y comercialización de los productos en las empresas, igual de relevante y decisiva para la mejora de la competitividad de nuestra industria es también la innovación social, en conexión directa con las relaciones laborales y los recursos humanos. Por esto sigue siendo tan imprescindible redoblar esfuerzos para desarrollar el II AENC en el ámbito de los Convenios Colectivos, porque recuperar el diálogo social es también una pieza esencial para la defensa de la industria y con ello del empleo.
Joaquim González Muntadas, Secretario general de Fiteqa-CCOO.
