Tanto partidos como ministerios o instituciones públicas son a veces víctimas de ataques de piratas informáticos. Los hackers son capaces de burlar la seguridad de los servidores y causar daños económicos al organismo en cuestión. La creciente actividad de grupos como Anonymous, que el año pasado lanzó un ataque coordinado contra las webs de los principales partidos políticos españoles parece ser el motivo por el cual, según dicen, el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) ha propuesto que los Estados contraten a sus propios hackers para cubrirse las espaldas. El dilema está en si esto resulta lícito, ya que estas actividades informáticas son consideradas delito.
