Cuando se presentaron los Presupuestos para 2012, se cometieron varios errores estratégicos. El primero, el retraso en la presentación impidió que algunos de los ajustes se aplicaran en todo el ejercicio presupuestario. El segundo, se discutió con Bruselas sobre la magnitud del déficit previsto, y se colocó a la opinión pública como un triunfo una relajación de 0,5% del PIB del permitido, ocultando que esa relajación llevaba implícita la condición de que a cualquier precio las estimaciones presupuestarias modificadas debían cumplirse. Como las estimaciones presupuestarias contemplaban, de verdad, un 1% de PIB más de déficit, hubo que hacer recortes falsos o falsas estimaciones de ingresos por valor de entre cinco y diez mil millones de euros.
Estos recortes se cargaron fundamentalmente contra los presupuestos de la Seguridad Social que, en su vertiente de gasto, gozaban en Bruselas de una cierta credibilidad, porque durante los últimos años no había habido en esta cara de la moneda (el gasto) desviaciones significativas. Se redondeó la jugada con unos cálculos dignos de Gonzalo Fernández de Córdoba sobre estimaciones de ingresos por la amnistía fiscal y otros, y así construimos unos presupuestos serios y realistas.
Para que nos situemos en la magnitud del problema, en el cuadro anexo detallamos las previsiones presupuestarias de las rúbricas fundamentales de ingreso y gasto, el ingreso y gasto efectivo en 2011 (ya conocido cuando se elaboraron los Presupuestos de 2012), la evolución de las cuentas hasta mayo y la proyección de las mismas al final del ejercicio, con la desviación prevista. El partir de los datos de los estados agregados del sistema ofrece algunas dificultades para la consolidación final de las cifras, pero en todo caso las mismas no disminuyen la estimación del déficit. Otras partidas, como los gastos de personal por el lado del gasto, o las transferencias del Estado por el de los ingresos, no pueden desviarse significativamente.
Aunque se obtengan ahorros menores de otras partidas de gasto, todas las previsiones calificarían de optimista la proyección de datos hasta mayo para el conjunto del ejercicio, por lo que los Presupuestos de Seguridad Social acabarán el año con un déficit estimado del 0,6% del PIB, que se unirá al 0,3% del desempleo y al superior a 0,1% del FOGASA. Y esto se sabía, no solo cuando se presentó el presupuesto, sino desde que empezó a redactarse el año pasado, y así se comunicó al Gobierno entrante.
Lo más llamativo de esta situación es la actuación del actual Gobierno, más preocupado en echar las culpas de los problemas que en resolverlos incrementando los ingresos o reduciendo los gastos. Podía haberse conseguido que los miles de millones de liquidez aportadas a las empresas hubieran descontado antes obligaciones con la Seguridad Social, pero nadie se ha tomado la molestia. Lo único que conocemos es el propósito de reducir los ingresos de la Seguridad Social en 250 millones de euros de cotizaciones provenientes de los cuidadores familiares de la ley de dependencia, volviendo a dejar sin protección para la vejez a todas las personas, muy mayoritariamente mujeres, que se dedican toda la vida a cuidar a un familiar enfermo.
Y luego, claro está, la indisimulada intención de reducir el periodo transitorio de la reforma de las pensiones. Las leyes europeas que han modificado los sistemas de protección social han dispuesto periodos transitorios prolongados porque si los cambios son bruscos, el cotizante reacciona defensivamente buscando precozmente la jubilación, para no verse perjudicado. Acortar el periodo transitorio no disminuiría el gasto a corto plazo, cuando tenemos el problema, sino que lo aumentaría por la anticipación de una jubilación que el año siguiente decrecerá en función de las reformas. De ahí que en todos los países planifiquemos periodos transitorios largos, y que quienes han tomado medidas de configuración legal de un año para otro (como Italia) se han encontrado con efectos perversos indirectos más relevantes que los directos auspiciados.
Esta cuestión es importante. Pero todavía lo es más el reparto de las cargas. Al año se jubilan en España 275.000 personas, de las cuáles, excluyendo SOVI, pensiones acogidas al mínimo de pensión, y otras situaciones que quedarían al margen de los cambios regulatorios, quedan 200.000 altas sobre las que se puede actuar. Un ahorro presupuestario de 1.000 millones de euros, repartido entre pensionistas antiguos y nuevos, medidas de control, y mayores aportaciones de los cotizantes cercanos a la jubilación, puede suponer entre 8 y 10 euros al mes. Si debemos extraerlo de las nuevas altas de pensión en un año, cada una de ellas vería disminuir sus percepciones en 5.000 euros de promedio. Lo que es sencillamente imposible. Pero estamos ante un Gobierno que en tan sólo cinco meses se ha trabado tanto en sus propias falacias que sólo puede desanudar a mandoble limpio.
Octavio Granado, exsecretario de Estado de la Seguridad Social (2004-2011).