Cuando Europa se plantea firmemente seguir avanzando en su proceso de integración y poner en marcha la tercera fase del Tratado de Maastricht, construyendo una Unión Monetaria en la que los Estados miembros compartirían una moneda común, parecía razonable contar con una regla fiscal que impusiese ciertos límites al déficit (3%) y la deuda (60%). Evitar que las políticas fiscales laxas de algunos países pudiesen generar un exceso de liquidez que comprometiese la estabilidad económica del conjunto, y que condicionase la política monetaria del Banco Central Europeo, fue sin duda el objetivo de aquellos que, como Alemania y Francia, exigieron contar con el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC).
Pero, ¿qué hacía suponer que se aplicarían políticas fiscales laxas? Tres son las razones fundamentales.
En primer lugar, la visión miope de los ciudadanos, que les lleva a sobrevalorar los beneficios del gasto público frente a los costes futuros de unos mayores impuestos para poder sufragar la devolución del principal y los intereses de la deuda emitida.
En segundo lugar, la afición de nuestros políticos a sentirse imprescindibles y gastar en obras, a veces innecesarias, sin considerar las consecuencias que tendrá para la sociedad.
Finalmente, la sensación que puede tener un Gobierno de que, en una Unión Monetaria, los efectos adversos de una política fiscal laxa se diluyen en el conjunto.
Límites variables ajustados
Aunque las sanciones que deberían imponerse en caso de incumplimiento estaban claras, la falta de transparencia dejó abiertos ciertos resquicios que facilitaban su manipulación. Así, a comienzos del siglo XXI, y pese a la recomendación de la Comisión Europea y el voto favorable de cuatro países, el Consejo Ecofin decidió no sancionar a Francia y Alemania, que habían superado los límites al déficit establecidos en el Pacto.
Fue entonces cuando se elevaron las primeras voces que criticaban, por un lado la decisión tomada, y por otro la regla fiscal europea, tachándola de poco flexible e inadecuada. Se argumentó que era necesario tener en cuenta la naturaleza del gasto público, pues no es lo mismo presentar un déficit excesivo como consecuencia de un gasto en consumo, que hacerlo debido a un exceso del gasto en inversión. Este último, bien llevado a cabo, podría generar beneficios futuros, y renunciar a él podría tener consecuencias adversas sobre el empleo y el crecimiento. Pero además, era necesario contar con una regla que se adaptase al ciclo económico, algo de lo que adolece el PEC y que sin duda se ha puesto de manifiesto con la actual crisis. En este sentido, y para tratar de corregir la recesión económica, muchos países han aplicado políticas fiscales expansivas apoyadas más en el incremento del gasto corriente que en de la inversión, que en muchos de ellos, como en España, ha llegado a reducirse.
El resultado ha sido un incremento en el número de recomendaciones de la Comisión, quién, en el caso de que éstas no sean suficientes para lograr que los déficits retornen a unos valores de estabilidad, deberá imponer sanciones. Ahora bien, ¿tiene sentido imponer sanciones en un momento como el actual? La respuesta es sin duda negativa. Europa no aprovechó la coyuntura del 2002 para adoptar los cambios necesarios y excluir del procedimiento de déficit el gasto en medidas favorables al crecimiento y al empleo. Además, si Europa es excesivamente rígida con los países que actualmente presentan mayores problemas de déficit, se corre el riesgo de que la crisis se prolongue en el tiempo y se agraven aun más sus consecuencias. La política fiscal, que debe actuar de manera anti-cíclica podría convertirse en pro-cíclica, retrasando la salida de la crisis.
Tal vez se perdió una oportunidad al no sancionar a Francia y Alemania, sentando precedentes de cara al futuro. Pero ¿podemos permitirnos tener déficits tan elevados? Rotundamente no. Deben hacerse los esfuerzos necesarios para retornar a la senda de estabilidad lo antes posible, y devolver al euro la fortaleza perdida. A partir de ese momento Europa deberá replantearse su regla fiscal, quizás imponiendo límites variables ajustados a las circunstancias del momento, y creando un mercado de permisos negociables para el déficit. Además, deberá buscarse el consenso del mayor número posible de países, tanto dentro como fuera de la zona euro, y clarificar las consecuencias de su incumplimiento, tanto para el país como para los políticos que lo permitan.
Ana Cristina Mingorance Arnáiz, Universidad CEU San Pablo.