Uno de los propósitos de Fátima Báñez ha sido mejorar la eficiencia de los servicios públicos de empleo, que sólo colocan al 2,71% de los parados. Por ello, la reforma laboral apuesta por la colaboración público-privada para invertir estos datos. La escasez de recursos ha llevado a que cada funcionario se ocupe de 450 beneficiarios del subsidio por desempleo. La entrada en acción de las ETT es una oportunidad para aprovechar la gran base de datos de empleadores y parados que tiene el SPE. No se puede desaprovechar.
